El nuevo fiscal de la JEP, es un miembro de la extrema izquierda y enemigo declarado de los militares colombianos.
El denominado “comité de escogencia” seleccionó a un exfiscal de la cuestionada unidad de derechos humanos, como director de la unidad de investigación y acusación de la JEP, uno de los entes con más poder en el sistema judicial que se ha creado por exigencia de la banda terrorista de las Farc.
Se trata del antiguo militante de la extrema izquierda, Giovanni Álvarez Santoyo quien desde que asuma su nuevo cargo, quedará investido con poderes omnímodos. Podrá, sin control alguno, ordenar allanamientos, interceptaciones telefónicas, embargos, incautaciones y detenciones preventivas.
Álvarez no tendrá contrapesos y sus actuaciones gozarán de blindaje jurídico. Así, cuando incurra en arbitrariedades o abusos, nada ni nadie podrá controvertirlo ni mucho menos, investigarlo y sancionarlo.
Como fiscal de la unidad de derechos humanos, Álvarez impulsó la investigación por el caso de Santo Domingo, en Arauca. Se trató de una operación de la Fuerza Aérea Colombiana contra un grupo de narcotraficantes de las Farc que había asesinado a 8 soldados.
La Fuerza Aérea identificó y atacó a los terroristas. En el ataque, algunos delincuentes fueron dados de baja, pero surgió la tesis nunca confirmada de que en el bombardeo, las FAC deliberadamente había asesinado a unos menores de edad.
La investigación fue asignada a un grupo de fiscales de la unidad de derechos humanos de la fiscalía, en el que se encontraba Giovanni Álvarez.
El proceso estuvo plagado de irregularidades. La primera de ellas, el uso de un falso testigo cuyo testimonio evidentemente indujo a error al juez de la causa. Así mismo, Álvarez allegó a dicho proceso, fragmentos metálicos los cuales fueron presentados como residuos de las bombas lanzadas por la Fuerza Aérea Colombiana, sin que existiera una cadena de custodia de los mismos. Se supo, por ejemplo, que muchos de esos fragmentos le fueron entregados a la fiscalía por una señora que los tenía guardados en su casa, dos años y medio después de ocurridos los hechos.
Dos oficiales fueron condenados en primera instancia a 30 años de prisión, a pesar de que desmovilizados de las Farc y distintos testigos, han asegurado que los civiles que perdieron la vida en Santo Domingo, murieron como consecuencia de la detonación de un carro bomba que ordenó instalar el terrorista de las Farc, alias Grannobles.
Al señor Giovanni Álvarez Santoyo poco o nada le importaron las pruebas que apuntaban a confirmar la inocencia de los militares investigados. Antes bien, le dio plena credibilidad a testimonios deleznables y a pruebas ilegales, todo con el fin innoble de llevar a prisión al precio que fuera a los miembros de la Fuerza Aérea investigados.
Ese personaje, que en su momento fue denunciado por los delitos de fraude procesal, falsedad en documento público y detención arbitraria, es el hombre que asumirá las investigaciones en la JEP. No se puede olvidar que siendo fiscal de derechos humanos, él puso su cargo al servicio de la extrema izquierda para perseguir a los soldados y policías de Colombia.
Ahora que empezará a fungir como director de la unidad de investigación y acusación de la JEP, el país debe estar preparado para ver a Giovanni Álvarez conduciendo al banquillo de los acusados a todos aquellos que con apego a las leyes, combatieron desde la democracia a los terroristas de las Farc, esos mismos a los que él, en el pasado, encubrió disfrazando de “masacre” una operación legítima de la Fuerza Aérea en la que en efecto hubo unos civiles asesinados, pero no a manos de la Fuerza Pública, sino de los terroristas que aquella vez estaban al mando del sádico, alias Grannobles.
Publicado: octubre 11 de 2017
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