Uno de los grandes problemas que tienen los países en desarrollo es la incapacidad de generar la cantidad de empleos o puestos de trabajo necesarios para recibir a la población que sale de los colegios y universidades. Esto, generalmente, conlleva el aumento de la economía informal y la delincuencia, siendo las grandes ciudades las que tienen una mayor capacidad de afrontar ese reto porque hay más empresas, más comercio; en fin, más desarrollo.
Las facultades de administración de empresas han hecho grandes esfuerzos económicos y laborales para generar en los jóvenes la idea del emprendimiento para que, de alguna manera, logren crear empresa y generar puestos de trabajo. Como en todo, ha habido ejemplos de éxito y también de fracasos. El problema de estos intentos es que solo abarcan al sector privado y se dan en las principales ciudades del país.
Tristemente, el tema de este artículo no es ese emprendimiento que genera empleo y desarrollo, sino el corrupto, en el cual unas personas inescrupulosas han utilizado los Planes de Ordenamiento Territorial de municipios pequeños y cercanos a Bogotá para enriquecerse y volverse poderosos. Este mal llamado emprendimiento también se conoce como “volteo de tierras” y ocurre porque las personas de bien dejamos espacios para que otros los aprovechen indebidamente.
El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es un instrumento técnico y normativo para ordenar el territorio municipal o distrital. La Ley 388 de 1997 lo define como el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas, destinadas a orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. El POT constituye en una carta de navegación para ordenar el suelo urbano y rural con el fin de consolidar un modelo de ciudad en el largo plazo y para ello diseña una serie de instrumentos y mecanismos que contribuyen a su desarrollo. Hasta ahí todo bien, el problema radica cuando la autoridad municipal utiliza este instrumento para beneficiarse a él y otros pocos.
El tema empieza por cuenta que en Bogotá se han venido acabando las tierras y ha subido el precio de estas, entonces muchas empresas, fábricas y familias han tenido que tomar la decisión de trasladarse a los municipios aledaños; bien sea para obtener más espacio o simplemente por costos.
En la mayoría de estos municipios sus terrenos estaban dedicados a la agricultura y la ganadería, pero cómo podemos ver, hoy esta frontera agrícola ha disminuido dramáticamente. Lo que se ve hoy son bodegas, edificios y barrios completos en vez de hatos, vacas y hortalizas.
El negociado que montaron fue sencillo. Mandaban mensajeros a donde los dueños de las tierras y les decían que podían cambiar el POT para convertir el valor de una fanegada de tierra de 180 millones a más de 2,000 millones tan solo cambiándole el uso. Por cuenta de esto cobraban algo a cambio y, generalmente, se quedaban con parte de las bodegas o de las casas del conjunto. Para lograr esto tuvo que haber contubernio entre concejales, alcaldes y entes de control.
Obviamente, esto densificó la Sabana de Bogotá desmesuradamente. Estos municipios se convirtieron en ciudades dormitorio y se desarrollaron desordenadamente ya que la principal motivación del POT se convirtió el enriquecimiento ilícito.
Durante los últimos meses ha habido, por parte de los entes de control, investigaciones sobre el tema. Hay algunos detenidos, pero todavía faltan muchos porque el daño a la frontera agrícola es inmenso.
Bogotá y la Sabana deben conformar una Ciudad-Región. Es increíble que durante los últimos veinte años el gobernador del departamento y el alcalde distrital no se hayan puesto de acuerdo sobre este tema. Trabajar mancomunadamente es fundamental para lograr una armonía entre la ciudad y el campo; cómo serían de diferentes las salidas de Bogotá con trabajo conjunto y planeado.
En esta corrupción que pega tan fuerte a los municipios cundinamarqueses también está involucrado el sector privado, que no ha entendido que tanto peca el que peca por la paga como el que paga por pecar.
Los colombianos no podemos seguir siendo indiferentes a la corrupción, el país se está desmoronando ética y moralmente. Si no somos capaces de luchar y participar para cambiar nuestro futuro, no se ve bien lo que le dejaremos a nuestros hijos y nietos.
Publicado: octubre 2 de 2017