Hace dos años, el tribunal superior de Bogotá ordenó que los fiscales del carrusel de la contratación fueran investigados penalmente.
Desde el 19 de enero de 2015, a través del acta 007/15, la sala penal del tribunal superior de Bogotá, solicitó que los fiscales que lideraban la investigación por el carrusel de la contratación en Bogotá, Juan Vicente Valbuena y Jaime Zetien, sean investigados por los posibles delitos de prevaricato por omisión y falta a los deberes profesionales.
En criterio de los magistrados del tribunal, José Luis Robles Tolosa, Fernando León Bolaños Palacios y Luis Enrique Bustos Bustos, Valbuena y Zetien habrían sido extremadamente laxos con el condenado contratista, Emilio Tapia, con quien acordaron un muy cuestionado principio de oportunidad.
En virtud de dicho preacuerdo, los fiscales le solicitaron al juez de la causa que Emilio Tapia fuera beneficiado con una rebaja del 40% de la pena, sin tener en cuenta la gravedad de los delitos cometidos por él: concierto para delinquir, cohecho propio en concurso homogéneo e interés indebido en la celebración de contratos.
De manera exótica, Valbuena y Zetien pidieron que Tapia, además de la rebaja en su sentencia, tuviera el beneficio de detención domiciliaria.
Algo que llamó la atención de los magistrados del tribunal es el hecho de que los fiscales cuestionados no hubieran incluido en la negociación con Emilio Tapia el asunto de la reparación de las víctimas, pues en ninguna parte del acuerdo alcanzado se hace mención al monto de la reparación que debe hacer el contratista que fue, sin duda alguna, la columna vertebral del saqueo a la capital colombiana durante la alcaldía de Samuel Moreno Rojas.
De acuerdo con el tribunal superior de Bogotá, en el proceso contra Tapia hubo otras irregularidades. Por ejemplo, se cuestionan los magistrados por qué desde que Tapia aceptó los cargos, los fiscales Valbuena y Zetien se tomaron más de un año para presentar el escrito de acusación al despacho del juez de conocimiento, para efectos de que éste impusiera la correspondiente sentencia condenatoria. Los magistrados del tribunal hacen una afirmación que pone en serios aprietos a los dos fiscales, al decir que ellos no debieron tomarse “la atribución de retener documentos e intentar desintegrar la aceptación de cargos, dejando transcurrir en el intento algo más de un año”.
En su decisión, tribunal ordenó que se enmendaran las faltas cometidas por los fiscales Valbuena y Zetien en el caso de Emilio Tapia y “compulsar copias de esta providencia y del expediente con destino a la sala jurisdiccional disciplinaria del consejo superior de la judicatura y a la fiscalía general de la nación para que, si lo consideran procedente, adelanten las investigaciones a que haya lugar, en contra de quienes han fungido como representantes del aludido ente investigador…”.
Dicha compulsa de copias tuvo lugar durante la administración de los cuestionados Eduardo Montealegre y Jorge Fernando Perdomo, razón por la que la investigación solicitada por el tribunal durmió el sueño de los justos. Aquello fue hace más de 2 años y medio.
Personas cercanas al caso, aseguran que Valbuena y Zetien movieron todas sus influencias en el seno de la fiscalía para que su actuación en el caso de Tapia no fuera revisada ni investigada. Algo parecido habrían hecho en el consejo superior de la judicatura.
A esta decisión de la sala penal del tribunal superior de Bogotá, se suman denuncias que han aparecido en los últimos días, las cuales indicarían que Tapia, a través de un tercero, les habría pagado una millonaria suma de dinero a los fiscales Valbuena y Zetien.
Sobre dicho soborno, este portal reveló en exclusiva una declaración del condenado exsecretario de Salud de Bogotá, Héctor Zambrano en la que confesó que unos delegados del contratista Emilio Tapia le pidieron $500 millones de pesos “para temas relacionados con el proceso que se adelantaba en la fiscalía”.
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Ahora que la fiscalía está adelantando una seria y profunda depuración para identificar y castigar ejemplarmente a los funcionarios vinculados con actos de corrupción, no está de más que se le dé cumplimiento a la orden que en enero de 2015 dio el tribunal superior de Bogotá en el sentido de que los fiscales Juan Vicente Valbuena y Jaime Zetien sean investigados y se determine si incurrieron o no en los delitos de prevaricato por omisión y falta a sus deberes profesionales.
Publicado: octubre 4 de 2017