Nada de esto estaría ocurriendo si Santos, después de la victoria del NO en el plebiscito, en lugar de aliarse con los criminales hubiera hecho un frente común con nosotros, los que nunca hemos delinquido, para negociar con las Farc un nuevo pacto que respondiera a las preocupaciones de la mayoría triunfadora. Frustraron la oportunidad histórica de un gran acuerdo nacional. Prefirieron hacerle conejo a la democracia y al NO.
En cualquier caso, hay que ponerle fin al engendro de la Jurisdicción Especial de Paz, la infame JEP. Van diez de las razones:
- La JEP es ilegítima por cuanto su origen, el pacto con las Farc, es espurio: fue rechazado por la mayoría en el plebiscito del dos de octubre.
- La JEP le rompe el espinazo a la rama judicial: no solo se crea en contra de la rama sino por fuera del ordenamiento constitucional y legal, el mecanismo de escogencia de sus miembros fue caprichoso y arbitrario, no responde a los regímenes de inhabilidades y de conflicto de interés, y por una mayoría de extranjeros y una farmaceuta colombiana. La JEP es una “justicia” paralela y atemporal y está por encima de todas las altas cortes. Además se limitan de forma grave las funciones de la Fiscalía y de la Procuraduría.
- Todos los jueces deben ser imparciales. Por su naturaleza, esa exigencia es aún mayor para quienes tienen la tarea de impartir justicia a quienes participaron en un conflicto armado. La JEP no da garantías de imparcialidad. La mayoría de jueces tiene tendencia de izquierda y es abiertamente antiuribista, muchos son contratistas del gobierno de Santos y al menos dos participaron en el pacto con las Farc.
- En el pacto con las Farc se dice que serán los mismos magistrados de la JEP quienes definirán el derecho sustantivo aplicable. Salvo que en la ley estatutaria, que no se ha aprobado, se diga de manera expresa que será la ley penal colombiana, se atentaría contra el principio fundamental del derecho penal y de los tratados internacionales de derechos humanos según el cual nadie puede ser juzgado sino de acuerdo con ley previa. “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable”.
- La JEP rompe el principio de la cosa juzgada porque puede revisar todas las sentencias y sanciones de los órganos de control.
- La JEP rompe el principio de prescripción de la acción penal porque puede adelantar el juzgamiento de cualquier persona sin considerar la fecha en que se hubiese cometido el supuesto delito. La imprescriptibilidad, no sobra recordarlo, solo es aplicable para crímenes de guerra, de lesa humanidad y el genocidio.
- La JEP es un instrumento para dejar en impunidad los crímenes de las Farc. En efecto, deja sin sanción privativa de libertad los crímenes internacionales de las Farc. La supuesta pena alternativa es también de mentirillas. El tiempo de permanencia en las zonas veredales, que nadie controló, se redimirá del tiempo de la “sanción” impuesta por la JEP. Y deja sin investigar y juzgar crímenes que no hayan sido cometidos de manera “sistemática”.
- En cambio, servirá para perseguir a los miembros de las Fuerza Pública en activo o en la reserva y a los agricultores, ganaderos, empresarios, que fueron objeto de extorsión por los más diversos grupos criminales, y a todos los que se opusieron a la guerrilla. En esa línea, el propósito de la JEP lo confiesa el bandidoAndrés París, en vergonzosa tribuna brindada por el rector de la Universidad Externado, negociador del gobierno: es fin de la JEP, dijo, “que Álvaro Uribe Vélez sea preso y se le imputen todos los cargos y responsabilidades por asesino, narcotraficante y corrupto”.
- Los miembros de las Farc harán política sin las restricciones que operan para el resto de ciudadanos: no importa si han sido condenados por delitos comunes o por crímenes internacionales, o si están siendo juzgados o están cumpliendo sanción de la JEP o las supuestas obligaciones de verdad y reparación.
- Se fomenta el narcotráfico: este delito, cuando sea cometido por las Farc, será de competencia de la JEP, se le tratará como delito conexo a los políticos, de manera que se pueda amnistiar e indultar, y tal espanto se extenderá a los familiares narcotraficantes de los miembros de las Farc, Se invierte carga de la prueba en extinción de dominio, para que los miembros de las Farc y sus familiares disfruten de su fortuna hasta que el Estado pueda demostrar su origen Ilícito.
Publicado: octubre 10 de 2017