Viajó, negoció, recomendó y recibió. Todos estas palabras traducidas en acciones, se le atribuyen en distintos medios de comunicación, al expresidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, Leónidas Bustos Martínez, respecto de una cercana relación con Gustavo Moreno, abogado litigante y más recientemente, exdirector de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General.
Estas formas de conectarse, que combinan relaciones cercanas, con acceso a la información, posibilidad de mercadearse como un buen gestor jurídico para el cierre de procesos penales o intermediario para aceitar a los intervinientes en los procesos jurídicos, tienen hoy más que nunca en entredicho a la justicia, particularmente la Justicia Penal Colombiana.
Se sobrepasan todo tipo de linderos éticos. Y ante las evidencias, y las redes ya probadas, se derraman en declaraciones y señalamientos, en donde desde el rol de víctimas, se acusan unos a otros. Se señalan de todo tipo de faltas y de delitos. Siendo así, ¿se desplomaron Bustos y Moreno, o Francisco Ricaurte y Gustavo Malo, en un entramado excepcional? ¿O es como ya lo señalan muchos, solo la punta del iceberg de una total corrupción al interior de la Corte Suprema?
Los cuarenta y dos ( 42 ), autos de archivo, del magistrado Bustos Martínez, están perturbados, ante lo evidente de los hechos, por un absoluto manto de duda. De igual manera las actuaciones de su despacho a través de sus magistrados auxiliares. De la misma forma, se observan con dudas, las condenas que su despacho determinó.
De la misma forma, pensamos muchos colombianos, ¿estarían otras sentencias de la Corte Suprema falladas en justicia, o estarían más bien viciadas por influencias externas, presiones políticas y otros intereses particulares?
Sería muy interesante que se lograra hacer una revisión minuciosa y detallada, por un órgano calificado y con honorabilidad, de las sentencias expedidas por la Corte Suprema. Podría hacerlo a nivel académico alguna universidad. Y a nivel jurídico, el gobierno, sino el actual, si el próximo, debería encontrarle una salida, pues las dudas son profusas. La inseguridad jurídica que generan todas las dudas sobre la transparencia de la justicia debe resolverse a través de acciones puntuales que contrarresten lo ocurrido y evitar tocar un mayor fondo.
Entre tanto, es imperioso hacer una revisión de fondo, sobre los procesos de formación, preparación, selección y evaluación, para hacer parte de las altas dignidades de la Justicia en Colombia. La preparación constante en valores éticos, es esencial en todos los campos y profesiones, pero muy especialmente en quienes tienen la responsabilidad de ejercer justicia. Ya lo han expresado los decanos de derecho de las Universidades de los Andes, del Rosario, de la Javeriana, entre otros, sobre la necesidad de una formación decidida respecto del ejercicio ético y veraz de los abogados en todas las universidades. Y allí, el gobierno debe liderar una estrategia también decidida a través de los ministerios de Justicia y de Educación.
Finalmente, en las distintas regiones de Colombia, el ejercicio del rol de los jueces es un enorme desafío. Rol que se observa afectado por el impacto negativo, debido al mal ejemplo que se ha dado con los escándalos en la Corte Suprema. Los jueces en todas sus especialidades y posiciones, deben ser formados no solo en su conocimiento académico, sino también en su valor ético, único dentro la sociedad.
Para la consolidación de la democracia colombiana, es fundamental contar con jueces de las República respetados y admirados por su ética. Deben tener muros y barreras frente al riesgo del cabildeo ante sus despachos.
Publicado: octubre 17 de 2017