Mucho se ha especulado sobre la Justicia Especial para la Paz (JEP), de seguro ha sido el punto del Acuerdo que más le ha costado aprobar al Gobierno dentro de las votaciones en el Congreso de la República, y no es para menos, pues convencer a las mayorías del Congreso para aprobar un mecanismo que imparte impunidad, como está establecido en el Artículo 19, inciso 1, el cual contempla que incumplir con el sistema en ningún caso da para ser expulsado de la JEP, es decir “se vale seguir cometiendo delitos”, sobretodo quienes han cometido los más viles delitos en la democracia colombiana, es muy complicado. Sin embargo con maniobras pseudo dictatoriales, el Gobierno colombiano pretende aprobar esta justicia que ya fue derrotada en las urnas.
La JEP tiene muchos vicios en su aprobación, ejecución, su razón de ser y aun así el Gobierno se empeña en aprobarla, en incorporar además lo que el pueblo negó y ahora lo que el Congreso quiere negar.
El primero de los vicios es la votación a pupitrazo en el Congreso para que así pasen los artículos sin darles el trámite que por Constitución corresponde. En segundo lugar la composición de sus magistrados sobre los cuales se conoce un sesgo político con ánimo revanchista frente a algunas figuras pública del país, es prueba de la ilegitimidad de la JEP.
Vale la pena recordar que el 2 de octubre, la mayoría del pueblo colombiano negó la JEP como mecanismo de justicia transicional, hoy este mismo Acuerdo es la base jurídica de la JEP como lo dice el Artículo 8, inciso 2. También tenemos que recordar que la JEP premia el narcotráfico al volverlo conexo al delito político, Artículo 39, parágrafo 1.
La JEP rompe con los derechos judiciales en Colombia, altera el orden constitucional y el papel de los Ministerios de Control, en su Artículo 76 congela la función de la Procuraduría de ser un tercero y garante en los procesos penales ya que depende si los magistrados de la JEP quieren pedir asesoría y participación de la misma, así como en el caso de la Fiscalía que debe suspender su función otorgándola a la JEP, Artículo 78, literal j, inciso segundo. Cuidado además con el Artículo 97, literal e, literal c, que blinda a quienes pasen por la JEP en las consideraciones de la Corte Penal Internacional (CPI).
Esto es posiblemente lo más grave de la JEP: destruye el principio de separación de poder, ya que tomarían decisiones en conjunto frente a las sanciones los magistrados con la bancada del partido político de las Farc, eso estipulado en el Artículo 144, inciso 11, es más que una vergüenza, el principio del fin de la democracia colombiana, atomizando los principios de Montesquieu.
Es inevitable comparar lo que Maduro hizo con la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, cuando por medio de la Constituyente y el Tribunal Supremo quitó las competencias a dicho ente de la democracia venezolana. Así mismo esta pasando en Colombia, cuando al tener riesgos de perder una votación en el Congreso, hay dos amenazas – una ya cumplida – ; la primera un decreto al mejor estilo cubano, donde si el Congreso vota negativa la JEP, por medio del ejecutivo alistan los mecanismos pertinentes (Decreto) aunque ilegales para aprobarla, y en segundo lugar la “amenaza” copiado también del Socialismo del Siglo XXI donde si se tienen diferencias con el gobierno, se afecta la institucionalidad revocando ministros o directores administrativos sin importar su desempeño, como si la institucionalidad fuera un tema de quitar y poner.
En ese mismo orden de ideas, la JEP ha tenido quejas de diferentes sectores tanto privados como públicos. Es necesario recordar que HRW pidió al Gobierno corregir “defectos” de la JEP, que el Fiscal General de la Nación en su ponencia destaco 15 fallos que la JEP trae, que la oposición política colombiana destacó la manera como la JEP afectaría al pueblo colombiano, concertando impunidad para quienes han incumplido la Ley y traer riesgos en la estabilidad democrática, riesgos que por vías similares aunque con el mismo propósito nos conducen a a Colombia al Régimen de Maduro en Venezuela.
En Venezuela tardaron casi 12 años en destruir la institucionalidad, llevar al pueblo a tener un descrédito total por lo público con el fin de elegir a quienes representaban algo distinto, lo cual terminó siendo lo mismo o peor. Estamos en el momento de elegir si queremos la JEP y Venezuela, o queremos Justicia cierta y la democracia Colombiana.
Publicado: octubre 14 de 2017