Sandra Gamboa, antigua abogada del colectivo José Alvear Restrepo y enemiga declarada del presidente Uribe, nueva magistrada de la JEP.
Tal y como se advirtió desde el año pasado, cuando se adelantó la campaña del plebiscito, la denominada Jurisdicción Especial de Paz es, en efecto, un tribunal con claro y evidente sesgo antiuribista.
Tan pronto se conoció la lista de los magistrados nominados, arreciaron las críticas por la elección del izquierdista y furioso enemigo del uribismo, el antiguo militante del polo democrático, Rodolfo Arango quien a través de su cuenta de Twitter ha emitido toda suerte de prejuicios contra el presidente Uribe e importantes dirigentes del Centro Democrático, como el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos.
Calificando al uribismo como una banda, en enero de 2015, el nuevo magistrado de la JEP, Rodolfo Arango escribió: “Expresidente Uribe se queja de persecución penal por Santos por lo que hicieron en su gobierno. ¿No será más bien retaliación entre bandas?”.
De manera irresponsable, pocos días después de que la corte capturara injustamente a Luis Alfredo Ramos, se apresuró a cantar su culpabilidad, al escribir que “con la probable condena de Luis A. Ramos por vínculos paramilitares quedará muerto y sepultado el uribismo. O, ¿debería en un país decente?”.
Pero sin duda, el comentario más delicado del nuevo magistrado se produjo el 9 de septiembre de 2015, luego de una reunión entre el presidente Uribe y el exnegociador Humberto De la Calle. Al respecto, Arango publicó un trino temerario y que pone en evidente tela de juicio su imparcialidad como juez: “Lo que no queda claro es si el negociador De la Calle ser reunió con Uribe en calidad de sindicado de delitos de lesa humanidad”.
Más preocupante que la elección de Rodolfo Arango, es la de la abogada del colectivo José Alvear Restrepo, Sandra Rocío Gamboa, una furiosa enemiga del gobierno de la Seguridad Democrática.
En una entrevista que esa abogada le concedió al canal chavista Telesur, el 22 de abril de 2010, aseveró que las interceptaciones presuntamente realizadas por el DAS durante el gobierno de Uribe, fueron “una política sistemática, un crimen de lesa humanidad de persecución; un crimen de lesa humanidad de tortura, adelantado contra sectores independientes”.
Gamboa es una de las denunciantes del expresidente Uribe por haber supuestamente ordenado las denominadas “chuzadas”. En una audiencia pública que tuvo lugar en la Cámara de Representantes en junio de 2011, la hoy flamante magistrada de la JEP hizo uso de la palabra para recalcar que “quienes estamos aquí fuimos unos de quienes (sic) denunciamos al señor expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esto quiere decir que estamos absolutamente interesados en que se desarrolle un procedimiento sobre su responsabilidad penal sobre los crímenes que hemos denunciado”.
Aquellas palabras no dejan espacio para las dudas. Esa señora tiene un objetivo en la vida: ver al señor presidente Uribe tras las rejas. Y ahora que Santos hizo que la nombraran como magistrada de la JEP, podrá hacer realidad su anhelo, a pesar de que no existe una sola evidencia ni indicio que apunte a que el exmandatario y hoy senador de la República, haya cometido delito alguno.
En una entrevista que apareció en el portal denominado “Rebelión” en marzo de 2010, Gamboa aseguró que en Colombia “tenemos una situación de vulneración absoluta de los derechos fundamentales que, lamentablemente, se ha agravado con la presencia de Álvaro Uribe Vélez en el poder. Tenemos unas cifras grandísimas de ejecuciones extrajudiciales y observamos que la tasa de ejecuciones extrajudiciales donde incluimos a las personas civiles que han sido asesinadas directamente por fuerzas estatales, es una tasa que se ha más que duplicado y casi triplicado en los dos periodos de Uribe (…) Y no es una situación insular, en algún departamento, es una situación generalizada, además de sistemática, que plantea una política. Ejecuciones que se incrementaron con posterioridad al año 2005…”.
La hoy magistrada que tendrá que impartir justicia con base en evidencias y hechos ciertos, no aportó una sola prueba de sus afirmaciones mentirosas, desproporcionadas y carentes de cualquier sustento lógico.
Como integrante del cuestionado colectivo de abogados José Alvear Restrepo, Gamboa, junto a Joaquín Pérez, fungió como parte civil en el proceso que se adelantó contra el exdirector del DAS, Jorge Noguera, quien fue condenado en extrañas circunstancias a 25 años de prisión.
Cuando fue convocada por los seleccionadores de la JEP el pasado 21 de septiembre, la señora Gamboa se mostró como una mansa paloma y de forma habilidosa, no hizo referencia ninguna al expresidente Uribe. Durante 15 minutos, hizo un recorrido por su hoja de vida y su labor como defensora de los Derechos Humanos.
En ejercicio de su profesión de abogada, Sandra Gamboa fue la apoderada del cuestionado periodista William Parra, quien fue acusado por la fiscalía general de la Nación por ser un colaborador de las Farc. Tal y como se halló en el computador del cabecilla terrorista, alias Raúl Reyes, Parra habría sido comisionado por la guerrilla para comprar misiles tierra-aire en el medio oriente.
Cuando la corte suprema declaró que los archivos encontrados en el campamento de Reyes no podían servir como prueba material contra las personas que aparecían mencionadas, la fiscalía colombiana se vio obligada a precluir la investigación contra Parra, con lo que la abogada Gamboa se apuntó una importante victoria profesional.
Publicado: septiembre 26 de 2017