En medio del cataclismo judicial y político generado por la vinculación de varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia en hechos de corrupción, hace tránsito silencioso en el Congreso de la República el acto legislativo No. 012 de 2017 “Por medio del cual se adopta una reforma política y electoral que permita la apertura democrática para la construcción de una paz, estable y duradera”. Este adefesio que se tramita a través del mecanismo fast track tiene como propósito fundamental la preservación del statu quo de los integrantes de la Unidad Nacional y la incorporación de la bancada congresional de las Farc representada en 26 curules sin mecanismos democráticos al periodo legislativo 2018-2022.
El ilegítimo acto legislativo fuera de seguir cambiando sustancialmente nuestro régimen constitucional, busca la abolición normativa para habilitar la participación de los integrantes de las Farc en la vida política con garantías y fueros especiales, diferentes a los reglados para todos los militantes e integrantes de los partidos políticos reconocidos por el Consejo Nacional Electoral. La medula de la reforma constitucional gira entorno a: “(i) las funciones del Consejo Electoral Colombiano, (ii) la forma de postulación y elección de los miembros de dicha entidad, (iii) las causales de pérdida de investidura, (iv) el régimen de financiación de las organizaciones políticas y sus campañas, (v) la definición de mecanismos de democracia interna de los partidos y movimientos políticos y (vi) la promoción de la participación de las mujeres y jóvenes en política”; todo un rosario de transformaciones fundamentales en lo político y electoral a espaldas de la sociedad colombiana.
El dinosaurio que pretenden hacernos comer -porqué no es ningún sapo- es la implementación de listas cerradas y bloqueadas para las elecciones de Senado y Cámara de Representantes a realizarse en marzo del 2018. Dirán los lectores: “ese es el mecanismo ideal para combatir la corrupción y gastos desbordados en campañas electorales, que imposibilita la participación de ciudadanos que, a pesar de tener liderazgo, capacidades intelectuales y conocimiento en los temas de Estado, no participan como candidatos por no aceptar ni someterse al sistema electoral que nos rige: el de la oferta y demanda económica” ¡De Acuerdo! Pero la lista cerrada debe ser la meta de llegada no el punto de salida de la reforma política y electoral que venimos exigiendo.
Que mejor premio pueden recibir los congresistas de la Unidad Nacional por los favores prestados que “legislar en beneficio propio”. Esta farsa de reforma política pretende mantener en el Congreso de la República a quienes han aprobado sin leer y sin el mínimo rigor legislativo la serie de actos legislativos y leyes que redactan los escribientes de las Farc, incluido el que nos ocupa. ¿acaso los partidos políticos someterán a mecanismos democráticos la conformación de listas cerradas? ¡Claro que no!
La dedocracia se impondrá de ser aprobada esta ilegitima reforma política. El deber ser para llegar a la figura de listas cerradas es abordar primero el debate nacional de la transformación de los partidos políticos -algunos de ellos convertidos en propiedad privada- para que sean verdaderas trincheras de debates ideológicos, estructuras organizativas y participativas con el respaldo, respeto y aprobación de la opinión pública, y en bastiones democráticos con elecciones primarias, para después abordar el debate agudo, reposado, argumentativo y valorativo del sistema electoral que merecemos.
Ojalá la bancada del Centro Democrático, sectores académicos, medios de comunicación y líderes del NO adviertan sobre el inminente riesgo que se avecina con la aprobación de este acto legislativo que viola de igual forma todos los principios democráticos, participativos y políticos al incorporar de manera burda e impositiva a nuestro ordenamiento, copia del sistema electoral que rige a Venezuela. Seguimos alertando.
Publicado: septiembre 4 de 2017