Meritoria la iniciativa de los congresistas del Centro Democrático que buscan derogar a la JEP a través de un referendo.
Un grupo de congresistas del Centro Democrático, liderado por Paola Holguín, Paloma Valencia y Álvaro Hernán Prada, presentó una propuesta audaz para derogar a la cuestionada y politizada jurisdicción especial de paz.
Se trata de buscar las firmas necesarias para impulsar un referendo de iniciativa ciudadana que hunda, una vez más, a la JEP.
En diálogo con LOS IRREVERENTES, la senadora Holguín explicó el alcance de la iniciativa que está impulsando. “Nuestra idea es que los ciudadanos, a través de un referendo, derogue tres de los actos legislativos que fueron aprobados, relacionados con asuntos acordados con las Farc en La Habana: el blindaje jurídico, la participación política y, por supuesto, la JEP. Este proceso se adelantará con apego al artículo 367 de la Constitución, lo que hace que el proyecto no pase por control de la corte Constitucional ni del congreso de la República. Estamos hablando de una manifestación de voluntad popular, pura y dura”.
Con ocasión del plebiscito que hace un año fue votado negativamente por la mayoría de los electores, se hizo evidente que la JEP fue una de las principales razones por las que el NO se impuso en las urnas. Este referendo, ratificaría aquella decisión.
Está claro que a las Farc, como a cualquier otro grupo armado organizado al margen de la ley, había que concederles beneficios jurídicos a cambio de la entrega de sus armas y la desmovilización efectiva de todos sus integrantes.
En el año 2005, para darle vía libre a la desmovilización de más de 32 mil integrantes de las desaparecidas autodefensas unidas de Colombia y cerca de 20 mil miembros de la guerrilla que se entregaron individualmente, el Congreso de la República discutió y aprobó la denominada ley de justicia y paz, una norma que impone penas accesorias de entre 5 y 8 años para los responsables de crímenes de lesa humanidad.
Dicha norma, que en público ha sido muy criticada, fue positivamente ponderada por muchos de los elegidos como magistrados de la JEP, durante las entrevistas que les hicieron los miembros del comité de selección.
Hallar el equilibrio entre justicia y paz es una de las tareas más complejas que debe emprender una sociedad asediada por el accionar criminal de grupos armados ilegales.
La impunidad, tal y como fue acordada entre Santos y los terroristas de las Farc, es el punto de partida para nuevas expresiones de violencia. Cuando una víctima registra que su victimario no solo no fue castigado, sino que además se ha visto favorecido con gabelas y prebendas exageradas como las que se les otorgó a Timochenko y sus cómplices, estará tentada a impartir justicia por mano propia.
Se ha difundido una falacia para justificar la concesión de beneficios a los criminales, alegando que “nadie entrega las armas a cambio de 60 años de prisión”. Los Estados no pueden renunciar a su obligación de combatir el crimen. Los antisociales existen en todas las sociedades y éstas, en vez de rendirse ante aquellos, se fortalecen para combatirlas.
Durante el gobierno del presidente Uribe, gracias a la implementación de la política de seguridad democrática, el Estado pudo demostrar que sí es posible contener el crecimiento de los grupos ilegales. Con voluntad y decisión, la dinámica cambió y los terroristas se vieron perfectamente acorralados, razón por la que más de 50 mil miembros de esas estructuras –AUC, Farc, Eln, ERG- entregaron sus armas y se sometieron al imperio de la ley.
Todos los sujetos que se acogieron a justicia y paz, fueron o serán condenados con las penas previstas en el código penal. Reciben el beneficio de 8 años de prisión efectivos, pero si en cualquier momento de su vida reinciden, las penas principales se activan automáticamente. Así, si el día de mañana un postulado de las AUC a justicia y paz vuelve a delinquir, automáticamente se reactivará la condena principal, razón por la que deberá volver a la cárcel a cumplir una larga sentencia.
Otro elemento neurálgico que contiene justicia y paz es la prohibición de que las personas sometidas a dicha norma puedan acceder a cargos públicos o presentar sus nombres a consideración popular.
Con el acuerdo de Santos-Timochenko, la acción de la JEP no impide que los derechos políticos de los terroristas de las Farc sean reestablecidos, con ventajas inaceptables como curules gratuitas, emisoras de radio y miles de millones de pesos del erario para financiar la existencia del partido político fundado por los criminales.
Así que resulta interesante la iniciativa de los congresistas del uribismo con la que pretenden la convocatoria de un referendo para que sea el pueblo, en su condición de constituyente primario, el que resuelva si la jurisdicción especial de paz debe ser o no derogada de nuestra Carta.
Desafortunadamente, los antecedentes desestimulan, pues probado está que a Santos y a los delincuentes de las Farc les tiene sin cuidado las decisiones ciudadanas. Si fueron tan abusivos de robarse el resultado del plebiscito del 2 de octubre de 2016, no es del todo pesimista sospechar que adoptarán una actitud similar si los colombianos que participen en este referendo, mayoritariamente voten a favor de la eliminación inmediata de la JEP.
Respecto de ese punto, la senadora Holguín aseguró que “si Santos y las Farc siguen desconociendo la voz de los colombianos, tenga la seguridad que el mundo entero no va a actuar en el mismo sentido. Si vuelven a burlarse de la voluntad popular, en 10 meses Santos se irá del gobierno y todos estos son elementos jurídicos que sientan un precedente para que el próximo gobierno pueda actuar frente a los acuerdos de La Habana. Creo que aquí es muy importante sentar el precedente jurídico y, sobre todo, que Santos y la Farc entiendan que cuando el pueblo colombiano dijo NO, era No”.
Este portal, también habló con la senadora y precandidata a la presidencia, Paloma Valencia quien aseguró que el proceso de referendo tomará algunos meses, motivo por el que el resultado lo verá el próximo gobierno: «el próximo presidente, que será del Centro Democrático, le corresponderá convocar a ese referendo. Esta será una herramienta para iniciar el gobierno del CD, modificando esos acuerdo con un mecanismo claro. Este referendo se va a convertir en el gran debate del país».
Publicado: septiembre 29 de 2017