El cuestionado exfiscal tercero delegado ante la corte suprema de justicia, Juan Vicente Valbuena Niño fue, durante la corrupta administración de Eduardo Montealegre y Jorge Fernando Perdomo, un sujeto al que ponían, literalmente, a hacer los mandados.
A través de las denominadas “asignaciones especiales”, Perdomo y Montealegre remitían a la oficina de Valbuena todos los procesos –negocios- en los que tenían intereses creados.
Así, sin tener competencia legal ni constitucional alguna, Valbuena terminó impulsando desde su despacho, investigaciones amañadas por casos ridículos de calumnia. La misión era la de silenciar al denunciado, al precio que fuera.
El “reinado” de Valbuena se acabó con la llegada de Néstor Humberto Martínez, un fiscal que ha dado sobradas muestras de intransigencia frente a la corrupción. Fue inmediatamente removido de la fiscalía delegada ante la corte, cargo que está destinado para juristas íntegros y profesionales éticos y respetuosos de la ley.
A comienzos de mayo de este año, en medio de muchísimos rumores, denuncias e investigaciones al interior de la fiscalía y en la procuraduría general de la nación, Valbuena, adelantándosele a una inminente declaratoria de insubsistencia, decidió renunciar.
Fueron muchos los favores que hizo Valbuena y así como tiene enemigos, también tiene amigos, sobre todo en el gobierno de Juan Manuel Santos.
El hoy exfiscal renunció el 2 de mayo y un mes y 4 días después, ya estaba empezando a recibir su buena dosis de mermelada por parte del gobierno.
El superintendente de industria y comercio, Pablo Felipe Robledo, posa ante el país como un hombre implacable y transparente. Su oficina ha tomado decisiones bastante polémicas, las cuales en muchos casos son motivadas por la ser de retaliación del gobierno.
Valbuena, como mandadero de Montealegre y Perdomo, fue una ficha clave en la persecución que ese par de sujetos desataron contra el uribismo, a través de procesos falsos y montajes judiciales.
El gran beneficiario con la persecución contra el uribismo por parte de Montealegre y Perdomo fue, precisamente, el gobierno de Juan Manuel Santos. Por eso, no deja de causar inquietud que 34 días después de que Valbuena saliera de la fiscalía en términos bastante destemplados, la superintendencia de industria y comercio le hubiera otorgado un contrato de $95.6 millones de pesos para brindar asesoría en asuntos relacionados con la competencia desleal.
¿Qué experiencia puede tener Valbuena en temas técnicos y especializados como la competencia desleal, cuando él es un sujeto que duró enclaustrado casi 24 años en la fiscalía general de la nación, sirviendo la mayoría del tiempo como fiscal en la localidad de Kennedy, atendiendo casos de apuñalamientos, hurtos, golpizas y demás hechos propios de la dinámica de una entidad de investigación en una zona popular?
Aquel contrato, es ante todo una muestra de gratitud del gobierno hacia alguien que se portó bien mientras estuvo en la fiscalía. Y como obras son amores y no buenas razones, mensualmente, el cuestionado Valbuena recibirá, hasta el próximo 31 de diciembre, la suma de $14 millones de pesos, una muy fina y onerosa atención del “impoluto” superintendente Pablo Felipe Robledo.
La relación de Robledo y Valbuena viene de tiempo atrás y a ambos los une un elemento turbio, relacionado con la investigación que la superintendencia de industria y comercio adelantó contra el denominado zar de la seguridad privada, Jorge Arturo Moreno Ojeda. Se ha denunciado que aquella investigación está fundamentada sobre el decir de unos falsos testigos. Dado que el caso revestía asuntos penales, éste fue llevado a la fiscalía y el proceso recayó sobre Valbuena, cuando ese individuo aún trabajaba en dicha entidad.
Así, entre Robledo y Valbuena promovieron la investigación, llegando a extremos insospechados que han sido denunciados y en este momento son objeto de investigación.
Publicado: septiembre 25 de 2017