Los magistrados Gustavo Malo y Leonidas Bustos no fueron los únicos que engavetaron procesos en la corte suprema de justicia.
La podredumbre en la justicia colombiana no se limita a los casos de Gustavo Malo y Leonidas Bustos. Si bien es cierto que por su condición de magistrados de la corte suprema, el episodio toma un cariz inaceptable, pues se trata de personas con un poder infinito en la administración de justicia, capaces de encarcelar inocentes y absolver culpables a cambio de jugosas sumas de dinero, no se puede creer que aquellos son los únicos corruptos en la rama judicial.
A cambio de $2 mil millones de pesos, el proceso por la denominada parapolítica que se adelantaba contra el senador y gran elector de Santos, Musa Besaile, fue engavetado por el magistrado Gustavo Malo.
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Pero hay otro caso que debe ser investigado: el de la exsenadora Zulema Jattin Corrales, que también fue defendida por el corrupto Luis Gustavo Moreno, con quien además sostuvo una relación sentimental. El proceso de la doctora Jattin lo lleva el magistrado Eyder Patiño y también estuvo engavetado durante largos años.
Tan pronto estalló el escándalo del exfiscal Gustavo Moreno, el magistrado Patiño habilidosamente se apresuró a sacar una resolución de acusación en contra de la excongresista cordobesa.
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La corte suprema de justicia, en los últimos años, se convirtió en un bazar en el que el dinero desplazó la argumentación jurídica y por eso, llama poderosamente la atención que mientras unos procesos avanzaban aceleradamente, particularmente los que involucraban a exfuncionarios del gobierno del presidente Álvaro Uribe, otros se anquilosaron, sobre todo aquellos que hacían parte del escándalo de la parapolítica.
¿Por qué se han demorado tanto las investigaciones contra el exgobernador de Córdoba Libardo López Cabrales y la senadora de ese departamento, Nora García Burgos? ¿En esas investigaciones los abogados Moreno y Pinilla, alias Porcino, han metido sus manos?
Además de la corrupción en la corte suprema, está la de la fiscalía durante la oscura administración de Jorge Fernando Perdomo y Eduardo Montealegre. Durante los 4 años que duraron esos individuos al mando de aquella entidad, se cometieron un sinnúmero de irregularidades y persecuciones con fines políticos.
A través del CTI, dependencia que estaba a cargo del cuestionado Danny Julián Quintana, fueron muchas las arbitrariedades que se cometieron como la manipulación de testigos, montajes e interceptaciones ilegales.
Así mismo, Montealegre y Perdomo llenaron a la fiscalía de personas que iban recomendadas por los magistrados de la corte suprema de justicia.
Está el caso de la fiscal a la que la hija del magistrado Malo extorsionó y le robó un porcentaje de su sueldo. Dicha funcionaria, fue nombrada en la fiscalía por Jorge Fernando Perdomo, a través de su hombre de confianza, el asesor Manuel Ayala.
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La investigación por la corrupción en la justicia, debe llegar hasta las últimas consecuencias y para ello resulta fundamental que se revisen las actuaciones de absolutamente todos los magistrados, pues el asunto no se circunscribe, ni mucho menos, a los despachos de Malo y Bustos. Así mismo, existen fundadas denuncias sobre irregularidades y movimientos politiqueros llevados a cabo en el consejo de Estado.
Si la verdadera intención es la de depurar a la justicia, la investigación debe ser amplia, sin dejar un solo cabo suelto, porque lo cierto es que en esta historia, Malo no es el único malo.
Publicado: septiembre 19 de 2017