El momento que vive nuestro país es verdaderamente preocupante. La corrupción parece haberse tomado cada rincón de nuestro Estado Social de Derecho. El ejecutivo, el legislativo y el judicial acusados de recibir y ofrecer prebendas a cambio de favores que terminarán de una u otra forma acabando con la legitimidad de sus decisiones.
Si bien la corrupción en el legislativo y en el ejecutivo es un acto reprochable, en el judicial se hace aún más grave debido a que es el juez quien cumple con una de las funciones mas importantes en un Estado de Derecho, entre otros, controlar jurídicamente al poder legislativo y ejecutivo, el juez viene siendo nuestro garante y protector, como base del equilibrio de poderes.
El juez debe ser independiente de todos los demás poderes, debe estar sometido única y exclusivamente a la ley, nos debe garantizar a los ciudadanos la certeza de que administrará justicia y protegerá los intereses supremos de la patria.
Sin embargo las mafias de la corrupción parecen haber invadido sin misericordia la imparcialidad de nuestros jueces, el escándalo de corrupción del cartel de la toga que avergüenza a la rama judicial es el último eslabón para que los ciudadanos de a pie perdamos toda la credibilidad y confianza en nuestro sistema judicial.
Las Cortes parecen haberse convertido en un festín donde el poder judicial y legislativo ofertan al mejor postor para que salvaguarde sus intereses.
La politización de la Justicia es la consecuencia más tangible de la derrota de la división de poderes llevada a cabo desde la Casa de Nariño. El juez colombiano ya no basa sus argumentos en la racionalidad jurídica sino en la racionalidad política.
Colombia necesita una reforma a la justicia, capaz de recuperar la confianza y credibilidad perdida. Urge una reforma que elimine altos tribunales permeados por la corrupción. Una reforma capaz de garantizar un justicia independiente del ejecutivo y legislativo, capaz de aplicar la ley sin manipulaciones burocráticas.
La creación de una sola Corte, que incluya los altos tribunales de la Rama Judicial, que integre la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de Estado, el Consejo de la Judicatura y al Consejo electoral, una Corte conformada por magistrados elegidos por MERITOS y no por favores políticos que tarde o temprano terminan obstaculizando el control judicial al poder ejecutivo y legislativo, es una necesidad que debe convertirse en prioridad para el gobierno de 2018.
Necesitamos adoptar un sistema de elección de magistrados fundados, por carrera y no por sugestión de las demás ramas del poder.
En ruinas se encuentra la legitimidad de la rama judicial, sin una reforma que recupere la credibilidad y confianza es casi imposible preservar el principio de legalidad y división de poderes característicos de un Estado de Derecho.
Una sola Corte capaz de recuperar la confianza y la credibilidad de la justicia, una solo Corte con magistrados capaces de garantizar imparcialidad en sus decisiones. Sin justicia no podremos tener en paz en nuestro país.
¨No hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón¨ afirmó Juan Pablo II. Por eso ahora más que nunca necesitamos un garante de la justicia idóneo, impermeable a intereses políticos para afrontar las necesidades de nuestra coyuntura nacional.
Publicado: septiembre 7 de 2017