El verdadero problema de lo que está sucediendo con el escándalo de la justicia, es que supone un daño quizás irreparable a la legitimidad del Estado. Como nos referiremos una y otra vez a la legitimidad en este artículo, lo mejor es empezar por definir el concepto. Legitimidad se refiere en materia de ciencia política, en cuanto nos importa y parafraseando al doctrinante Bobbio, al atributo del Estado por virtud del cual existe un consenso general sobre el hecho de que el mismo Estado ostenta una autoridad que debe obedecerse. Es este pues un elemento esencial del Estado, reconociendo que no puede un Estado llegar a serlo si quienes lo conforman no reconocen su existencia ni obedecen su ordenamiento.
Ahora, aunque el asunto de la existencia de nuestro Estado no esté en juego aún, y el debate sobre el Estado Fallido haya sido superado casi completamente durante el gobierno anterior, la autoridad del Estado sí corre un riesgo inminente. ¿Por qué motivo debería un ciudadano acatar las leyes de un Estado compuesto de tres poderes en los cuales la corrupción es la regla generalizada?
¿Con qué legitimidad defiende nuestro Estado que deban obedecerse las leyes de un Congreso que a duras penas trabaja dos veces por semana, al que el ejecutivo le redacta los proyectos de ley que pasan a convertirse en normas, y cuyos votos dependen de cupos indicativos? Un Congreso que no vota una sola propuesta de modificación a una ley que no avale el Ejecutivo, es un lacayo. Un Congreso que no tiene la atribución si quiera de presentar esas propuestas modificatorias en materia de paz, sin el aval del Presidente, es un interdicto. Un Congreso que no vota sino a cambio de los dineros que se asignen a las obras de los departamentos, es un mendigo a veces y a veces un extorsionista, y en ambos casos, casi siempre, un criminal. ¿Cómo entonces legitimidad?
Pero si las normas resultan cuestionables en virtud de la legitimidad de quien las expide, es decir que cuestionamos su validez, la corrupción en la justicia le hace un daño a nuestro sistema incluso más profundo. Si el poder judicial, encargado de sancionar a quienes no cumplan las normas de nuestra sociedad, se corrompe, dos cosas suceden. La primera y obvia es que se da un ejemplo terrible a esa sociedad.
La segunda, menos evidente pero acaso más importante es que los ciudadanos miembros de esta sociedad tenemos frente a esta particular situación, deber de cuestionar las decisiones de las Cortes cuya corrupción pueda probarse. Dado que la Corte que está en juicio es la Suprema Corte de Justicia, el problema afecta, como habíamos anticipado, la legitimidad misma de nuestro Estado.
La solución a corto plazo resulta paradójica: esos fallos que no hayan sido en derecho, tendrán que ser revocados para que nuestro Estado que pretende ser Social y Democrático de Derecho, sobreviva. Corresponde a nuestro Estado demostrar que merece la legitimidad que merecidamente encuentra amenazada. La justicia está llamada a esclarecer mediante la corrección y la reevaluación de una cantidad por determinar de condenas y absoluciones, nuestra historia reciente.
Alguno gritará “Cosa juzgada” a mi planteamiento. No lo acepto. Cosa juzgada hay cuando el Estado con su legitimidad incólume, a través de sus jueces, toma una determinación de conformidad a su ordenamiento, frente a una controversia. Pero si son los jueces los que toman las decisiones arbitrarias a través del Estado y sin consideración del ordenamiento que, a la vez representan y deben proteger, no puede haber Cosa Juzgada.
A largo plazo la solución a la ilegitimidad del Estado es una Constituyente que nos salve de la incredulidad generalizada de la gente frente a los tres poderes, y frente a sus representantes, de nuevo.
Publicado: septiembre 2 de 2017