Es fundamental construir una política de Estado entre el sector privado, la comunidad de agricultores y ganaderos y el gobierno.
Es contradictorio. Por un lado, la pobreza en Colombia, que es del 28%, se concentra, en especial, en el campo. Por el otro, la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, tiene a nuestro país en la lista de los siete con mayor potencialidad agrícola en el mundo. Como en apenas quince años habrá mil millones de nuevos habitantes en el planeta, se prevé que habrá una creciente demanda global de alimentos. Nosotros podemos convertirnos en despensa y proveedor de esos alimentos por nuestra privilegiada ubicación y por nuestra geografía: dos océanos, sobre el ecuador y con distancias equivalentes a los mercados del norte y el sur y de Europa y Asia, la posibilidad de cultivar y cosechar durante todo el año y no estar sujetos a productos de estación, recursos hídricos privilegiados, altitudes desde el nivel del mar hasta los páramos, todos los tipos de terrenos y, muy especialmente, tierra disponible.
Colombia tiene una vocación agropecuaria y piscícola indudable. Pero nunca la ha desarrollado. La discusión sobre el campo colombiano se ha concentrado siempre en la tenencia de la tierra y esa visión reductora y parcial no ha permitido ver los asuntos esenciales. Por supuesto, hay que devolver su tierra a aquel que haya sido despojado de ella, hay que revertir al Estado los baldíos adjudicados fraudulenta o ilegalmente, hay que entregar títulos a los poseedores de buena fe y, también, hay que proteger a los propietarios cuya tradición sea incuestionable. Y, por supuesto, el objetivo deseable es que todos los campesinos sean propietarios. Pero los temas sustantivos para hacer del campo un motor de generación de riqueza, creación de empleo y superación de pobreza no son los de la tenencia sino otros distintos.
Por un lado, resulta indispensable resolver los problemas de servicios públicos y acceso a través de vías secundarias y terciarias por medio de un gran programa de placa huella y de desarrollo de redes de energía y, sobre todo, de agua potable y alcantarillado. Y desarrollar agresivos programas de distritos de riego. Por el otro, hay que corregir los incentivos perversos que contribuyen a despoblar el campo a través de programas sociales que se enfocan solo en las ciudades. En particular es importante desarrollar políticas de vivienda gratuita, subsidios y mejoramiento específicamente de vivienda rural. Y hay que luchar para recuperar la seguridad en el campo, otra vez objeto de secuestros y extorsiones a granel, y desplegar un combate sin cuartel contra los narcocultivos. En algunas zonas del país, como por ejemplo la cafetera, se ha vuelto dificilísimo encontrar mano de obra para la recolección porque los cosechadores han sido seducidos por la coca.
También es necesario despolitizar y técnificar las entidades del sector (MinAgricultura, ICA, Finagro…) y hacer del Banco Agrario para el campo y no para multinacionales y otros ricos. Y desarrollar líneas de crédito a mediano y largo plazo para cultivos de tardío rendimiento.
Resulta urgente cambiar el sistema educativo del sector para mejorar la capacitación y calidad del recurso humano, entregar doble tributación en las escuelas rurales como bachilleres y técnicos o tecnólogos agrícolas, articular el sector privado y sector educativo para proveer ofertas adecuadas en SENA, y fomentar las carreras de agronomía y asociadas en las universidades públicas y privadas. Ay que hacer una apuesta agresiva por la investigación, el desarrollo y la biotecnología y por un aprovechamiento intensivo de nuestra inmensa y rica biodiversidad.
Hay que adecuar la legislación laboral para diferenciar lo rural y evitar el acelerado proceso de informalización que se da hoy en día. Apoyar la propuesta de usar BEPS para el ahorro para la vejez y microseguros, susceptibles de ser comprados de manera masiva, para cubrir los riesgos profesionales. Y, en particular, abrir la posibilidad de que los campesinos no deban desvincularse del Sisbén cuando se les contrata, sino permitir que solo sean suspendidos mientras que son contratados y sean de nuevo dados de alta cuando finaliza su contrato.
Ahora bien, ninguno de esos esfuerzos es suficiente. Son apenas prerrequisitos. Primero, es fundamental un acuerdo nacional y construir una política de Estado entre el sector privado, la comunidad de agricultores y ganaderos y el gobierno para hacer del agro el gran motor de desarrollo. Y después, apostar por las cuatro columnas esenciales para que esa apuesta sea exitosa: productividad, asociatividad, valor agregado y economías de escala. Motivos de otra columna.
Publicado: septiembre 19 de 2017