Falta un largo e insoportable año para que Santos salga del poder. Corresponde preparar desde ahora la recuperación de Colombia.
Paciencia, mucha paciencia tendrán que tener los colombianos para soportar este último año que le queda al impopular, corrupto e ilegítimo gobierno de Juan Manuel Santos, presidente que llegó al poder con una aceptación cercana al 90% y que hoy refleja niveles de desprestigio aún peores que los de Ernesto Samper o Andrés Pastrana, los presidentes más impopulares de nuestra historia reciente.
No será un año fácil. Santos es consciente de que saldrá de la presidencia odiado por sus gobernados, sin un solo respaldo político y seguramente con muchos procesos penales encima por cuenta de la desbordada corrupción en su administración, donde desde ministros para abajo han hecho un verdadero festín con el tesoro público.
Para mantener su gobernabilidad, Santos seguirá abusando del erario, repartiendo mermelada a diestra y siniestra a los congresistas que aún lo respaldan, para efectos de lograr las mayorías que necesita para que le aprueben las normas con las que implementará el ilegítimo acuerdo que suscribió con la banda terrorista de las Farc.
Quien asuma la presidencia el próximo 7 de agosto, encontrará un Estado arruinado y una institucionalidad empeñada a una banda criminal. Deberá tener la destreza para administrar a un país deprimido, inundado con plantas de coca, con los peores genocidas convertidos en “actores” políticos y una sociedad profundamente polarizada. Y Santos, seguramente verá desde la distancia el resultado de su nefasta gestión, porque es muy posible que el mismo día que abandone la Casa de Nariño salga hacia otro país.
El presidente asegura que su equipo de gobierno está integrado por personas “impolutas”, pero la justicia no piensa lo mismo. Roberto Prieto, mejor amigo del gobernante y gerente de sus campañas presidenciales está untado hasta la coronilla con el escándalo de Odebrecht, empresa que a través del cuestionado Otto Bula le entregó un millón de dólares en efectivo en plena campaña reeleccionista de 2014. Gina Parody y Cecilia Álvarez Correa, quienes fueron las ministras estrella del gabinete santista, tienen mucho por explicarle a la fiscalía respecto del conflicto de intereses que tenían en la construcción de la carretera entre Ocaña y Gamarra, vía que favorece los intereses económicos de la familia de la doctora Parody, propietaria del puerto Andalucía, ubicado en el municipio de Gamarra, a menos de 5 kilómetros del sitio en el que termina la cuestionada carretera, asignada a dedo a Odebrecht, también en plena campaña en la que Santos buscó su reelección.
Está probado que Odebrecht repartió al menos $90 mil millones de pesos en sobornos para lograr que esa adición se diera sin que mediara una licitación pública, razón por la que el director de la agencia nacional de infraestructura ANI, Luis Fernando Andrade será imputado en las próximas semanas por parte de la fiscalía general de la nación. (Al respecto, lo invitamos a leer “Sin contemplación”).
Quedan por delante 365 días en los que la oposición no puede relajar sus denuncias y señalamientos contra este gobierno ignominioso que destrozó los valores republicanos, que mancilló a la democracia al robarse el resultado del plebiscito del 2 de octubre del año pasado, que corrompió a todas las capas de la sociedad con el dinero público y que durante largos años fue el principal cómplice de la dictadura venezolana.
A Santos hay que llevarlo al banquillo de los acusados, como en su momento fue conducido el dictador Gustavo Rojas Pinilla contra quien se adelantó un juicio por indignidad en el Congreso de la República. Rojas abusó de su poder para favorecer la importación ilegal, a través de un testaferro suyo, de 180 cabezas de ganado, sin pagar los respectivos aranceles.
Juan Manuel Santos, por acción o por omisión, ha permitido el saqueo del tesoro nacional durante su gobierno. Así mismo, autorizó que sus dos campañas presidenciales le fueran pignoradas ilegalmente a Odebrecht, empresa extranjera que no podía hacerle aportes de ninguna especie a las mismas.
La gran perjudicada con la corrupción, con el desgobierno y con la improvisación rampante del gobierno, es Colombia. Al final, es nuestro país el que fue despojado de buena parte de su mar en el Caribe; nuestros bosques los que resultaron reemplazados por plantas de coca y la institucionalidad la que terminó reemplazada por una en la que se favorece a los terroristas, en detrimento de los intereses de la ciudadanía que fue víctima de ellos.
Será largo, tedioso e insoportable este año, pero afortunadamente es el último. La buena noticia es que al final del sórdido túnel brilla una tenue luz.
Publicado: agosto 7 de 2017