Han pasado más de dos años desde que el país se estremeció por cuenta de la estafa orquestada entre el cuestionado exfiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett y Natalia María Lizarazo García, conocida comercialmente como “Natalia Springer Von Schwarzenberg”.
Como se evidenció, sin que la mujer en cuestión tuviera experiencia alguna en temas de investigación criminal, Montealegre le regaló contratos que superaron los $4 mil millones de pesos para que presentara una fórmula matemática que serviría como herramienta para castigar los crímenes de lesa humanidad, cometidos en nuestro país.
Expertos criminalistas que conocieron el resultado del trabajo realizado por la controvertida politóloga, hoy caída en desgracia, coinciden al afirmar que su estudio carece de rigurosidad y que sus conclusiones son ambiguas y contradictorias.
En pocas palabras, Montealegre le dio miles de millones de pesos a “Springer” para que realizara un documento cuyas páginas eventualmente servirán para envolver las tazas de café de la fiscalía general de la nación.
Las críticas a aquellos contratos, que se constituyen en un claro detrimento patrimonial, hasta ahora no habían tenido consecuencias judiciales. Pero la procuraduría general de la nación dio un paso trascendental al solicitarle a la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes que investigue a Montealegre por dichos contratos. Por haber cometido los posibles delitos mientras se desempeñaba en su cargo al frente de la fiscalía, la comisión de acusaciones es la que tiene la competencia para adelantar dicha investigación en contra de Montealegre.
Esa decisión demuestra que si el contratante cometió un delito, la contratista también es responsable, sobre todo porque en criterio del ministerio público la firma de la señora Lizarazo García “no cumplió a cabalidad con el objeto del contrato”. Aquello significa que el Estado le pagó a “Springer” por algo que no hizo.
Cuando estalló el escándalo y el país descubrió que la favorecida con el multimillonario desembolso era una completa impostora que había llegado al extremo inédito de cambiarse el nombre para fingir ser una experta politóloga de origen austriaco, descendiente de una de las familias de más rancia estirpe vienesa, la defensa de la cuestionada contratista alegó que los montos pagados por la fiscalía, estaban justificados por los elevados costos que por concepto de honorarios era necesario pagarles a los miembros del equipo que hacía parte de la firma Springer Von Schwarzenberg Consulting Services.
Como en su momento revelaron LOS IRREVERENTES, el equipo de “Springer” era tan fantasioso como la supuesta sangre azul que corre por las venas de la contratista. En la firma, además de ella, laboraban su hermana Ana María que es diseñadora gráfica y su cuñado que es técnico en computadores. Como antecedente profesional, Ana María Lizarazo y su esposo, antes de vincularse a trabajar con la firma de “Springer”, administraban una tienda de barrio en la localidad de Engativá, al occidente de Bogotá. Es evidente que las hojas de vida de aquellas personas son insuficientes para justificar los $4.2 mil millones de pesos otorgados a dedo por el exfiscal Montealegre.
Uno de los elementos que más le ha llamado la atención a la procuraduría es el hecho de que la contratista haya rehusado proveer los nombres y las hojas de vida de los supuestos expertos internacionales que ella dice haber contratado para cumplir con el objeto contractual. A pesar de que los investigadores se los solicitaron en múltiples ocasiones, ella se resistió a entregar esa información.
Aquella actitud alimenta la tesis de que la beneficiaria de la generosidad de Montealegre, además de haberse enriquecido fabulosamente, le ha mentido al país de manera sistemática en todo lo que tiene que ver con esos contratos.
Así las cosas, mientras la comisión de acusaciones investigará al exfiscal Montealegre, en las próximas semanas la fiscalía resolverá qué hacer con “Springer”, pues son muchos los indicios que hay en contra de ella y, dada la verticalidad que se le ha visto al fiscal Néstor Humberto Martínez en la lucha contra la corrupción, no se descarta que la justicia tome decisiones contundentes en ese caso que se constituyó, sin duda alguna, en un monumento a la corrupción.
Publicado: agosto 28 de 2017