Entre el 2010 y el 2015, más de 870.000 mujeres fueron víctimas de algún tipo de violencia sexual en Colombia, en el marco del conflicto. Esta cifra tan dramática fue dada a conocer por la ONG Oxfam y 14 organizaciones sociales, que realizaron una encuesta en varias capitales y municipios del país, a cerca de mil mujeres entre los 14 y 44 años.
En dicha encuesta se pudo establecer que los principales responsables de prostitución forzada, acoso sexual, servicios domésticos forzados, violación, regulación de la vida social, embarazo forzado y aborto forzado, son los grupos armados ilegales. Aunque hay casos en los que la Fuerza Pública también ha sido partícipe de dichos abusos.
Lo más triste de todo esto es que muchas de las víctimas no denuncian oficialmente su caso, ante las autoridades. Por lo que la impunidad es bastante alta. Claro, aquí entran factores como la falta de recursos, el temor a los actores armados ilegales y el miedo a ser revictimizadas. Así mismo, se niegan a hacerlo porque no sienten apoyo estatal, por vergüenza, porque para algunas la ley es machista, por el deterioro psicológico prolongado, porque no les van a creer su historia, etc.
En efecto, las cifras oficiales que maneja la Defensoría del Pueblo, sobre violencia sexual por el conflicto armado, son inferiores a las reveladas por esta encuesta.
Por su parte, Médicos sin Fronteras, dio a conocer que en los primeros seis meses de 2017, han atendido a 292 personas que han sido víctimas de violencia sexual, en Buenaventura y Tumaco. Y que entre 2015 y 2016, atendieron 1.192 casos. De estos, un 90% fueron mujeres y dos de cada diez casos, fueron menores de 15 años. Esto, sin lugar a dudas, es muy grave y creo que debe encender las alarmas de gobierno nacional.
Es justamente por esto que Médicos sin Fronteras les pide a las autoridades estatales pertinentes, que la violencia sexual sea tratada como un problema de salud nacional, ya que requiere toda la prioridad. Además, solicitan aumento en los recursos y más psicólogos que apoyen a las víctimas.
No se puede dejar a la deriva una problemática como esta, o seguir justificando todo con el tema de la paz. Porque cabe anotar que en los casos de Buenaventura y Tumaco el recrudecimiento de la violencia y el aumento de actores armados ilegales, está convierto esta región en “territorio de nadie”.
Además, y tal como lo he denunciado en otras columnas, es evidente que las campañas de prevención contra la violencia sexual no están funcionando. Pero, ¿dónde están las respuestas, las iniciativas, las acciones, las estrategias, las medidas, las políticas frente a esto? Simplemente, no pasa nada.
Por lo tanto, cada vez las cifras aumentan más, cada vez más los abusos son peores, cada vez más los menores de edad se ven afectados, cada vez más se pone en evidencia la injusticia frente a este delito.
Incluso, ahora viene un gran reto frente a la problemática de la violencia sexual y aquí sí sabremos de qué está hecha la justicia en este país. Ahora con la Justicia Especial para la Paz (JEP) muchos de los responsables de abusar de mujeres y niños, tanto dentro como fuera de las filas de las Farc, estarán en el banquillo de los acusados.
No en vano la Dirección de Análisis y Contexto de la Fiscalía cuenta con varios informes que detallan, con crudeza, la violencia sexual en dicha guerrilla, en departamentos como Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés, Vichada y Caquetá.
Esperemos que la impunidad no sea el premio a estos abusadores de las Farc, y que ante todo, podamos conocer la verdad. Se la merece el país y se la merecen las víctimas.
Publicado: agosto 25 de 2017