Nuestro país es tan rico y nuestra cultura sobre la gravedad de no pagar los impuestos esta tan arraigada, que ni en dos décadas más, los ladrones de cuello blanco alcanzarían a raspar la olla del tesoro nacional, así incluso aconteciera un levantamiento popular ante la evidencia irrefutable que los dineros con los que cuenta en Estado para proveer los proyectos de inversión y el financiamiento de sus gastos de funcionamiento, terminan acrecentando patrimonios particulares de quienes en su paso por el servicio público se dedican a enriquecer a allegados, socios y familiares.
Lo anterior queda probado con el comportamiento apartado de lo legal, lo justo y lo ético, de las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody, dos mujeres que además de ser pareja sentimental, establecieron una relación económica para servirse del Estado y servir a sus familias con las decisiones que como servidoras públicas, plasmaron en actos y decisiones de gobierno apartadas del interés general y dirigidas exclusivamente a producir riqueza para su entorno familiar.
Que se construya infraestructura vial con dineros del Estado para satisfacer unos intereses privados, va en contra de los fines esenciales del Estado consagrados en la Constitución Política, convirtiéndola en letra muerta y en frustración para el pueblo y su tejido. La voracidad de esas dos mujeres no tiene límites. La Parody y la Álvarez le metieron la mano y firmaron como ministras, el documento Conpes 3817 de 2014 que autorizó la construcción de la vía Ocaña-Gamarra, calzada que serviría como corredor de la carga que por el rio Magdalena llegaría hasta un muelle o puerto fluvial privado en Gamarra, para ser transportado por carretera hacia Venezuela. Ese muelle de propiedad de la familia de Gina Parody la compañera de Cecilia Álvarez.
No pretendo meterme en la relación privada sentimental de estas dos damas, pues ellas tienen la libertad y son dueñas de su sexualidad. Pero que valiéndose de ello y de su poder en el gobierno hayan traicionado el servicio público, debe merecer nuestro reproche y de la administración de justicia para que se imponga una condena ejemplar.
Al Estado colombiano se lo vienen robando desde cuando la pelea por el Florero de Llorente. Y hay una cobija para arropar a todos los miembros de unas “distinguidas” familias, que con su poder político manejan la toma de decisiones, lucrándose con ellas y convirtiéndose en los principales responsables de la pobreza y la desigualdad. Bueno es que se pellizquen los autores intelectuales y materiales del saqueo al Estado republicano. Si no cambian, el nuevo actor político que surge de la transición de las FARC-EP de movimiento armado a partido político, podría terminar copando los espacios de poder y decisión para implementar el modelo al que tanto miedo le tienen los que por años han manejado el poder público en Colombia. O cambian, o los cambian.
Publicado: agosto 29 de 2017