Requerimos que se nos informe cuanto antes sobre la totalidad de los niños que están en manos de las Farc.
La mentira es el vocablo rector del proceso entre Juan Manuel Santos y las Farc. Los colombianos hemos sido sistemática y permanentemente engañados desde el primer momento en que empezaron los diálogos en la isla de los hermanos Castro.
A Santos lo abruma la sentencia del poeta Alexander Pope: cuando alguien dice una mentira, ingresa en una dinámica insoportable, pues se ve obligado a inventar otras 20 para poder sostener a la primera.
Cuando desde la oposición advertimos los desmanes del proceso y previmos las consecuencias nefastas del acuerdo, se nos señaló virulentamente como “enemigos de la paz” y “porristas de la guerra”. El tiempo se ha encargado de emitir la inapelable sentencia: lo dicho por nosotros era absolutamente cierto.
Entre el sartal de mentiras que se ha dicho, hay una que merece ser resaltada: la devolución de los menores reclutados forzosamente.
No me cansaré de denunciar ese delito, ni de demandar la devolución de la totalidad de los niños que fueron sacados de sus hogares por las Farc.
El gobierno ha sido cómplice de aquel delito, en el sentido de que no ha hecho absolutamente nada para lograr que sus contertulios guerrilleros liberen a los menores. Y la laxitud oficial ha sido asumida por esos delincuentes como una licencia para seguir reclutando y asesinando a los niños de Colombia.
Con profundo dolor, esta semana recibimos la trágica noticia de la muerte de una niña de 13 que había sido reclutada por las ahora llamadas “disidencias” de las Farc en La Uribe, en el Meta.
La capacidad ofensiva y criminal de las Farc se mantiene a través de esas supuestas disidencias que son el brazo armado de una guerrilla que se convertirá en un partido político. Veremos a criminales de la talla de Iván Márquez posando como candidatos al senado y paralelamente a las “disidencias” realizando proselitismo armado, presionando a las comunidades para que voten por sus jefes. Todo este pastel macabro estará adornado con los miles de millones de dólares que amasaron durante décadas los cabecillas de ese cartel de narcotráfico, al que Colombia conoció con el nombre de Farc.
La guerrilla no devolvió a los miles de niños que tenía reclutados. Nunca supimos cuál fue la suerte de ellos, pero mucho nos tememos que terminaron asesinados o cedidos a las “disidencias”.
La justicia está en el deber de investigar estos hechos y llevarlos hasta las últimas consecuencias. Las Farc han seguido delinquiendo después de la firma del acuerdo, hecho que automáticamente obliga a que pierdan los generosos beneficios jurídicos que les otorgó el presidente Santos.
No pueden seguir mintiéndonos, no pueden continuar ocultando la realidad. Colombia necesita explicaciones concretas que no dejen espacio para las dudas. Requerimos que se nos informe cuanto antes sobre la totalidad de los niños que están en manos de las Farc. No más dilaciones en ese aspecto.
Que el Estado sea generoso con aquellos que de verdad muestran arrepentimiento y que de manera concreta reparen el daño causado. Nada de eso ha ocurrido con los bandidos de las Farc, soberbios terroristas que se burlan de sus víctimas y siguen delinquiendo con total impunidad ante los ojos de un gobierno débil, pusilánime e impotente.
En este caso de los menores, esperamos que Santos haga el esfuerzo extremo de dejar de mentirnos.
Publicado: agosto 12 de 2017