No existe razón alguna que justifique que los bienes de la guerrilla desmovilizada de las Farc no sean sujetos a la extinción de dominio. El tipo penal parece haber sido diseñado por el legislador para atacar el derecho a la propiedad de bienes adquiridos como lo fueron los de las Farc. Sin embargo, el Decreto 903 de este año protege el derecho a la propiedad de esos bienes de esta medida, de manera textual, y en cambio dispone que después de inventariados, pasen el próximo 15 de agosto, a un patrimonio autónomo que servirá como fondo para las indemnizaciones para las víctimas del conflicto.
Así pues, el Decreto 903 que afirma textualmente que los bienes no serán sujeto de la disposición penal no puede entenderse más que como una concesión a la guerrilla. Como un gesto que promueve la versión de la historia según la cual las Farc se desmovilizó en el marco de un acuerdo de paz firmado entre partes iguales, -el gobierno en representación de 48 millones de personas, el Secretariado en representación de los 7 mil guerrilleros que se desmovilizaron-.
El decreto y la prohibición de extinguir los dominios provenientes de secuestros, extorciones, y los réditos del narcotráfico de las Farc resulta – de nuevo, como sucede con tantos de los aspectos de dicho acuerdo- incoherente a la luz de nuestro sistema jurídico.
El primer argumento que sustenta la tesis de la ilegalidad de la medida es lo político. El Estado renuncia a la supremacía de la que depende su existencia cuando renuncia a aplicar la ley penal correspondiente a la apropiación ilegal de los bienes que entrarán al patrimonio autónomo que el decreto concibe. Su renuncia es reprochable, incluso en el marco de un acuerdo de paz por dos razones. Primero porque la concesión ni siquiera está contenida expresamente en el acuerdo, lo que implica que esté no era un requerimiento indispensable de la guerrilla para continuar con el proceso de negociación, o que en todo caso el gobierno no estaba obligado a cumplirlo en tanto no consta en ese documento supralegal y segundo porque no estando en el acuerdo, es un punto sobre el que no se dio voz al pueblo en la refrendación. No que el acuerdo haya sido refrendado.
El segundo argumento es netamente jurídico. Los bienes adquiridos son bienes manchados por los medios de esa adquisición, de ilicitud. El saneamiento de dicha condición no puede hacerse más que a través de la extinción del dominio, por lo que esos bienes que pasarán al patrimonio autónomo seguirán siendo, desde la construcción de nuestro derecho, bienes de procedencia ilegal.
El tercero de los argumentos, íntimamente relacionado con el primero, recae sobre el hecho de que entregar los bienes a un patrimonio autónomo implica que la guerrilla entrega sus bienes no a un Estado frente al que se somete, sino por voluntad propia. Hay en ello un evidente matiz político, pero también hay una razón práctica: sobre ese patrimonio autónomo tendrá poder un Consejo en cuyo nombramiento tendrá voz la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo de Paz (CSIVI), sobre la cual el movimiento guerrillero tiene al menos, la mitad de la influencia.
Es decir que en vez de extinguir el derecho a la propiedad de los guerrilleros que adquirieron bienes a través de la practica sistemática de delitos contra la población civil, estamos dando a esos criminales la posibilidad de decidir la manera en la que van a redistribuir esos bienes entre sus víctimas. Es así una forma de legitimar no solamente la propiedad que ellos han decidido ceder al patrimonio, sino también los crímenes de los que emana esa propiedad.
El Estado está sufriendo por la implementación del acuerdo una desnaturalización de lo que él mismo pretende ser, tan radical como esa que como sufrió con la integración de ese acuerdo a su ordenamiento jurídico. El asunto de la paz ha dejado ver además los problemas estructurales que el Estado ya padecía. Esos que empoderando de manera excesiva al ejecutivo permiten a esta rama del poder liderar el desmoronamiento institucional que ahora presenciamos y frente a la cual las otras ramas guardan un silencio desilusionante.
La paz es una aspiración y una obligación del Estado, pero no es preciso que se arriesgue el ordenamiento jurídico que lo sostiene para lograrla.
@daraujo644
Publicado: agosto 12 de 2017