Cumplir la labor de director General del Instituto Colombiano de Bienestar ICBF, no es nada fácil. Hay muchas situaciones que así lo determinan.
Para algunos, como en mi caso, el atractivo de la entidad, está en su misión. En trabajar por los niños y las familias colombianas. Promover la protección de la infancia en las familias, en las entidades territoriales, en las instituciones educativas, en las instituciones de salud, en general, en lo que la ley llama el Sistema Nacional de Bienestar.
En este sentido, su relevancia está dada por los programas sociales a cargo, para la protección de la primera infancia, como los hogares comunitarios, los hogares infantiles, los centros de atención -CDI´s, la nutrición, las pautas de crianza, entre otros. Otros tienen prioridad, y allí ven la importancia del instituto, por sacar adelante los niños que han sido abandonados y maltratados en el seno de su familia.
Sin embargo, otros ven en esta entidad un interés económico, para hacer parte de los contratistas que ejecutan su presupuesto o hacer parte de los grupos de poder, porque consideran que pueden apropiarse de los recursos de los niños; y no pocos ven un interés político, pues su propósito es apalancarse o hacerse visible atacando a la entidad, sus funcionarios, a su directora o director, y en el mejor de los casos sus programas.
Durante los 5 años que tuve la oportunidad de dirigir el ICBF, apoyada y acompañada por el Consejo Directivo, con la presidencia del doctor Fidel Duque Ramírez, postulado con sabiduría por doña Lina Moreno, en el gobierno Uribe para esa alta representatividad, y con Samuel Azout, en el gobierno de Santos. Con mesura y precisión, puedo decir que siempre conté con su respaldo y buen consejo. También con los demás miembros activos del Consejo Directivo, como Guillermo Botero, de Fenalco; Luis Carlos Villegas, en ese momento de la And; el Representante de los trabajadores, así como los demás miembros del Consejo, ministros de Educación y Salud y el director de Planeación Nacional y en general, todas las instituciones que hacen parte del Consejo Directivo. Siempre sentí la confianza de las primeras damas, en el compromiso y la gestión desarrollada.
Es interesante compartir estos temas, porque el momento en que se encuentra la entidad es especialmente crítico. El director que finalmente nombre el gobierno Santos, tendrá que dar una balance general satisfactorio para la entidad, las familias y especialmente para los niños, con resultados mayores que al momento de ingreso a la entidad. Así lo exige la infancia colombiana, las comunidades, los ciudadanos en general y desde el año 2006 el Código de Infancia y Adolescencia. Un balance social y gerencial, de como encontró la entidad y la situación de los niños, tanto los que se atienden desde la prevención, como los que se atienden por protección y restablecimiento de derechos.
Además una rendición de cuentas, frente a los costos de funcionamiento. En los últimos años se ha aumentado el tamaño de la planta orgánica de manera significativa, lo que genera un costo adicional que hoy pagamos los colombianos con nuestros impuestos. En resumen, la planta del ICBF se ha duplicado y en cambio se han disminuido los programas a su cargo, por ejemplo el programa de atención a los adultos mayores o el de alimentación escolar fueron retirados de la entidad, el primero con mejores resultados para los beneficiarios que el segundo.
Por el gran volumen de recursos y la dispersión de los puntos de atención en todo el país, más de 140.000 puntos de atención, de los programas que ejecutaba en su momento en todo el territorio nacional. Para controlar la corrupción empezamos a hacer las compras por la Bolsa Mercantil, lo que generó ahorros enormes, cuyos recursos se trasladaron para lograr efectivamente más días de atención y coberturas, es decir atención a cientos de miles de niños más, en los diferentes programas. El modelo de abastecimiento y logística implementado, no solo fue exitoso, sino que ha sido replicado en diferentes entidades estatales.
No se pueden dejar de mencionar otros resultados, frente a los cuales el tiempo ha dado la razón. Reducir costos burocráticos, evitar acciones jurídicas para la entidad, lograr el sistema logístico mencionado para atender 14 millones de raciones cada día; certificar a los operadores privados en procesos de calidad o, los de mayor dificultad para implementar en las diferentes Direcciones Regionales, como fue exigir el aporte efectivo de los contratistas, y la imposición de multas, sanciones o caducidades a los operadores que incumplieran con sus obligaciones ante los niños. Por cierto, procesos sancionatorios que se han dejado de aplicar, por normas como el decreto 1082 de 2015.
También, denunciamos ante la Fiscalía y la Superintendencia de Industria y Comercio, a los carteles organizados para presentar propuestas ante el Instituto, que fueron además sancionados en miles de millones de pesos por nuestras denuncias. Firmamos acuerdos de acciones de acompañamiento y prevención con los organismos de control como Procuraduría, en la Administración del doctor Edgardo Maya y con la Contraloría con el doctor Julio Cesar Turbay, sistemas que infortunadamente sus sucesores no continuaron, y que en la practica ayudaron a evitar adjudicaciones a dedo especialmente en las direcciones regionales. La corrupción se combate con anuncios y realidades, a partir de acciones concretas y eficaces.
En este momento delicado, debe comprender el nuevo director o directora, la importancia de la gerencia en lo social. Se requiere de Planeación estratégica, definición objetivos y el cumplimiento de indicadores y metas, traducidos a resultados de impacto en los niños y las familias más vulnerables. Emprender procesos gerenciales que permitan alcanzar el propósito y la misión, que para el instituto son sagrados; y comprender que sus funcionarios necesitan de todo el apoyo y preparación, porque su labor es un apostolado, puesto que las necesidades de los niños no paran y su respuesta entonces, debe ser de compromiso total.
El modelo de Estado Comunitario, aplicado en ese momento en el ICBF, transformó la forma de desarrollar los programas sociales, partiendo de un permanente dialogo fraterno en todas las regiones del País, con gobernadores, alcaldes, comunidades, víctimas, madres comunitarias, veedores sociales, gremios, cámaras de comercio, aliados empresariales y civiles, quienes vivieron y podrán dar fe, de las bondades del dialogo y construcción conjunta a partir de identificar dificultares para corregirlas o talentos, para convertirlos en oportunidades y acciones con impacto social que se implementaron en no pocas veces. Todas acciones a las que permanentemente se les hizo seguimiento y rendición de cuentas, frente a la ciudadanía.
Finalmente, no puedo dejar de confesar el profundo dolor por lo que hoy ocurre con los niños que han sido declarados en adopción, pero por su condición particular se crecen en las instituciones. Tristemente cada día son más niños los que se encuentran en esta situación y de acuerdo con cifras del mismo instituto, menos niños los que encuentran una familia que los llene de amor. Es de la mayor indolencia e incapacidad que esto ocurra. Y que más decir y clamar por los niños que aún mantienen reclutados las Farc, sin que el gobierno haga algo determinante para exigir su liberación. Son 800 y 2.000 menores de edad que aún mantienen reclutados, que ya deberían estar en el programa del ICBF, con sus familias.
Aunque la página se pase, quedan las vivencias, los aprendizajes, las sonrisas, los logros y las frustraciones. En estos momentos de alta reacción mediática frente al instituto reviven en mi cantidad de emociones, anécdotas y vivencias, las cuales afortunadamente desde el sector social y el privado he podido aplicar y seguir trabajando. ¡Lo que falta hacer por la infancia en Colombia es enorme!
Publicado: agosto 7 de 2017