En Corea del Norte impera una norma para todos los ciudadanos sometidos al despiadado régimen de los Kim: “amarás al líder sobre todas las cosas”. En aquel país, quien se atreva siquiera a cuestionar al mandatario, termina siendo sometido a los peores castigos.
La canciller colombiana, María Ángela Holguín, tan afecta a la dictadura venezolana liderada por su íntimo amigo, Nicolás Maduro y tan dura con la oposición democrática en Colombia, ha impedido que un joven universitario afecto al uribismo realice su pasantía en el consulado de Colombia en Washington. ¿Su pecado? Haber expresado críticas al gobierno de Juan Manuel Santos.
En el actual gobierno, el servicio diplomático se ha convertido en un apéndice del gobernante, violando su propia naturaleza. Los consulados están para servir a los colombianos en el exterior, sin importar cuál sea su orientación política o ideológico, o al menos así era hasta que Juan Manuel Santos llegó al poder.
Durante el actual gobierno, algunos cónsules no son más que unos vulgares sirvientes del presidente y de su familia. Tal es el caso de la cónsul general de Colombia en Miami, la señora Martha Lucía Jaramillo quien tiene la sede diplomática al servicio del gobierno, al punto de que ella, en horas laborales, abandona su puesto de trabajo para acompañar a la primera dama, doña María Clemencia Rodríguez, en sus largas jornadas de compras durante sus habituales visitas a esa ciudad. Abundan las denuncias de ciudadanos que residen en Miami, sobre el sesgo ideológico del consulado.
Y de nada sirven las reiteradas quejas, pues la canciller Holguín no tiene el menor interés de evitar aquel sesgo; al contrario, lo incita y promueve.
El caso del joven antioqueño, Sebastián Acosta, quien se había inscrito oportunamente en el programa del ministerio de Relaciones Exteriores sobre pasantías en las oficinas diplomáticas y consulares de Colombia, es altamente preocupante. Él, cumple con todos los requisitos, pero fue insólitamente descalificado por ser uribista, hecho absurdo y arbitrario con el que se sienta un preocupante antecedente.
¿Aquellos colombianos en el exterior que sean críticos del gobierno de Santos seguirán siendo atendidos como ciudadanos de segunda en los consulados de Colombia? ¿Acaso en un régimen democrático quienes se opongan al gobierno no tienen los mismos derechos de quienes lo respaldan?
El de Sebastián Acosta no es el primer caso. De acuerdo con una fuente de este portal, la cancillería colombiana está muy atenta de la filiación ideológica de todos y cada uno de los funcionarios diplomáticos y administrativos, tomando represalias contra aquellos que expresen críticas contra Santos y simpatías con el uribismo. Está el caso de una funcionaria que llevaba muchos años en un consulado y que, a manera de castigo, fue trasladada a otra ciudad por tener vínculos sociales con ciudadanos afectos al Centro Democrático.
Uno de los grandes avances de nuestra administración pública fue, precisamente, el de desligar la filiación política de los servidores. Al margen de sus ideas e inclinaciones partidistas, se parte de la base de que los funcionarios le prestan un servicio a la nación. En el caso de los consulados, ellos están para atender las necesidades de los ciudadanos, sea cual sea su militancia política.
Lo sucedido con el joven universitario Acosta es una muestra del talante brutal de la canciller María Ángela Holguín, quien resultó aún más dogmática y sectaria que los abusivos agentes diplomáticos del régimen venezolano que ella tanto admira y ha encubierto a lo largo de los últimos años.
Bueno sería que la procuraduría general de la nación le diera una mirada a esa decisión, a todas luces violatoria del código disciplinario e impartiera las sanciones que corresponda, pues los servidores –y los pasantes- no tienen la obligación de “amar a Santos sobre todas las cosas”.
Publicado: agosto 8 de 2017