Sigue en deuda la Corte Suprema de Justicia de proferir fallo absolutorio a Luis Alfredo Ramos, abogado y político colombiano sobresaliente que producto de falsos testigos y falta de celeridad en su proceso, perdió su libertad durante 3 años y 3 meses.
Ramos es un hombre que fue tratado injustamente por los medios y la opinión pública al mezclarlo con la «Parapolítica» en 2013, cuando se abrió una investigación en su contra y se le privó preventivamente de la libertad hasta finales de 2016. La privación duró hasta que, por vencimiento de términos –ante la ausencia de pruebas-, la Corte decidió liberarlo. Al día de hoy, en pleno 2017, Ramos sigue esperando el fallo definitivo que limpiaría su nombre y levantaría su inhabilidad política.
Todo empezó cuando él era pre-candidato presidencial por el Centro Democrático años atrás, era una de las mejores opciones para representar al uribismo, pero se interpuso la investigación. En aquel entonces, se decía que durante el proceso de desmovilización de los paramilitares hacia el año 2005, Ramos se reunió con jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) incurriendo en el delito de concierto para delinquir agravado.
Según supuestos testigos, Ramos buscó apoyo financiero de esta organización para la campaña de 1992 al Senado y para otra en el 2002. Sin embargo, llama la atención que Carlos Areiza, testigo en la primera acusación, en su declaración dijo inconsistencias, como que era íntimo de los hermanos Castaño –cuando en aquel entonces tendría máximo 11 años-, y que las pruebas que tenía para inculpar a Ramos fueron tomadas desde su celular, sin tener en cuenta que en los 90´s los Smartphone no existían y las cámaras de los teléfonos tampoco.
Y la segunda acusación se relaciona con la campaña al Senado en 2002, y fue responsabilidad del “Tuso” Sierra, un reconocido narcotraficante que cobijándose con Justicia y Paz se desmovilizó al hacerse pasar por paramilitar y pagando penas mínimas en los EE.UU. El “Tuso” afirmó que Ramos necesitaba dinero para financiar su reelección como senador. No obstante, contra el pronóstico del bandido, Ramos aspiró a la gobernación antioqueña y no al Congreso en el periodo siguiente.
Luis Alfredo al igual que muchos, se ha visto afectado por el tiempo que la justicia dura tomando decisiones, más cuando en su caso encontramos también “carruseles de testigos”, es decir, grupos de personas que testifican contra uno a cambio de dinero –sin importar la certeza o falsedad de sus declaraciones-, o bien, criminales que testifican buscando beneficios como rebajas de penas si “cooperan” con las autoridades.
Por ello, es necesario que el próximo Congreso de la República y el Gobierno Nacional pongan en marcha una profunda reforma a la justicia. No puede ser que declaraciones irresponsables de cualquiera, se presten para congelar carreras como la de Ramos. Hay que combatir duramente la mentira, injuria y calumnia con pena de cárcel y sanciones económicas.
Publicado: agosto 11 de 2017