El lamentable escándalo del fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno capturado por exigir dinero al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons no es el hecho más grave de ésta calamitosa corrupción ni tampoco será el último.
¡Doloroso! Así resumí los hechos novelescos que rodean el caso del Fiscal Moreno. Sí, “novelescos”. Sólo en la imaginación de un libretista y en la mente perturbada de Moreno se puede construir y ejecutar tremenda tramoya criminal que lo lleva a utilizar un viaje a Miami (Florida EE.UU.) donde el fiscal anticorrupción oficiaría como conferencista para finiquitar soborno con uno de sus investigados. Y lamentable que esta devastadora noticia recaiga sobre uno de los hombres de confianza en materia institucional del doctor Néstor Humberto Martínez quien venía realizando interesante tarea por recuperar la imagen de la Fiscalía General deteriorada de manera calamitosa con la administración de Luis Eduardo Montealegre. El exfiscal Moreno es la consecuencia no la causa de esta putrefacta corrupción. Sin duda alguna Gustavo Moreno pertenece a una de esas poderosas estructuras incrustadas en el establecimiento judicial, político, económico, social y académico dedicada a deteriorar los cimientos de la institucionalidad a cambio de la meteórica competencia por acumular dinero.
Se necesita no entender esta farsa informativa para que la indignación solo alcance para censurar el comportamiento inmoral y delictivo del fiscal Moreno. Los mismos que hoy condenan con rigurosidad a Moreno olvidan o pretenden hacernos olvidar que en el pasado pasaron por alto y como un hecho anecdótico y noticioso sin que mereciera condena ejemplarizante que varios de nuestros constituyentes hubieran aceptado sobornos del narcotráfico para que aprobaran la prohibición de la extradición de nacionales en la Constitución Política de 1991. Y los mismos indignados de siempre, los reguladores de la falsa moral de nuestra sociedad, silenciaron y avalaron que un Presidente de la República elegido con dineros del cartel del narcotráfico del Cali como sucedió con Ernesto Samper permaneciera en el ejercicio del cargo.
Esto se pudrió hace rato, y se pudrió cuando se alteraron los valores colectivos y personales. Aquí todos somos responsables por acción u omisión de esta debacle cuando permitimos que avanzaran en la política personas que cambiaron el argumento por el dinero; cuando se permitió que dineros ilícitos del narcotráfico se fusionaran con la economía licita generada por empresarios forjados a pulso; cuando permitimos que la devastadora economía del consumo impusiera patrones comerciales de moda sobre los valores individuales; cuando se premió al delincuente y terrorista con beneficios judiciales. Reemplazamos los hombres intelectuales, cultos y autodidactas por una caterva de impostores que se apoderaron del poder utilizando mecanismos e instrumentos que cambiaron la máxima moral ¿qué sabe o que piensa? por la de ¿cuánto tiene o cuánto vale?
Para salir de esta metástasis inmoral se necesitarán varias décadas, pero lo urgente y que requiere el compromiso de todos los sectores políticos -porqué es con voluntad y decisión política que se hacen las transformaciones- es el restablecimiento del valor de la justicia. El congreso y el poder judicial fueron incapaces de reformar la administración de justicia, cada quien a su manera protege sus privilegios lo que impidió modernizar el sistema judicial. Por lo anterior: el único camino razonable y viable para recuperar la justicia la más importante institución de la democracia es a través de una Asamblea Nacional Constituyente que se encargue de realizar las grandes trasformaciones que requiere el Estado colombiano.
La corrupción degradante que nos consume no se combate con la recolección de firmas como lo viene haciendo el Partido Verde, o con la demagógica propuesta de reducir los sueldos de los funcionarios públicos, o acudiendo al balcón para exacerbar los ánimos colectivos, dividir las clases sociales y evadiendo el cumplimiento de fallos judiciales como lo hace Gustavo Petro, o avalando impunidades para terroristas; estos caminos populistas para acabar dizque la corrupción son equivocados, alientan y agudizan la crisis institucional y moral.
Recuperar, transformar y devolverle la confianza a la justicia no es la solución definitiva, pero sin lugar a dudas sería el inicio para extirpar el maligno cáncer de la corrupción. Sin justicia avanzamos a la anarquía, y la anarquía es la Venezuela de hoy.
Publicado: julio 10 de 2017