La JEP trae aparejados altísimos costos institucionales y en derechos humanos. Aquí también Santos y su equipo fracasaron como negociadores.
Esta semana la Corte Constitucional hizo una audiencia pública sobre la Jurisdicción Especial para paz, JEP, creada en el acuerdo con las Farc como el mecanismo de justicia transicional. No pude asistir porque estaba en Sucre y Córdoba en campaña. Aprovecho esta columna para hacer algunas observaciones.
La JEP le quebró el espinazo a la rama judicial. Es un tribunal excluyente, preferente, prevalente, autónomo, según los adjetivos que usa el acuerdo. Está completamente por fuera de la estructura de la rama, a pesar de que las cortes pidieron que estuviera en su estructura o al menos coordinada con ella. En al menos dos sentidos es una vulneración a nuestra soberanía. Primero, porque los miembros del tribunal serán escogidos por un comité de cinco personas cuya mayoría es de extranjeros. Después, porque el tribunal no tendrá que aplicar los códigos penal y de procedimiento penal colombianos sino que serán ellos quienes escojan las normas de derecho sustantivo que aplicarán y quienes definan el procedimiento a aplicar.
La JEP vulnera un principio básico de los tratados internacionales de derechos humanos según el cual nadie puede ser juzgado sino con base en una ley penal preexistente. No hay pena ni crimen sin ley preexistente, dice un aforismo jurídico. La lógica de ese principio es que todos los ciudadanos deben conocer tanto las conductas que constituirían un delito como las penas correspondientes, de manera que puedan evitar incurrir en ellas y conozcan las consecuencias en caso de realizarlas. Obligar a un ciudadano a comparecer frente a un tribunal para que se le aplique una ley penal que no era la vigente en su territorio cuando realizó una conducta es un acto arbitrario y violatorio de sus derechos fundamentales. El aparente contra argumento de que ello es lo que ocurrió en los tribunales penales internacionales previos a la entrada de vigencia de la Corte Penal Internacional es falso: después de los tribunales de Núremberg y Tokio, creados por los aliados al terminar las Segunda Guerra Mundial, todos los otros tribunales penales internacionales empezaron a operar cuando ya había una norma de derecho consuetudinario que establecía la obligación universal de no cometer genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Además, habrá un serio recorte de la tutela frente a las decisiones de la JEP, en tanto que la decisión sobre si cabe o no la acción queda al final en manos de ese mismo tribunal, precisamente el que con su actuación habría vulnerado un derecho fundamental.
Para rematar, la JEP consagra la impunidad. La obligación de los estados es investigar, juzgar, y sancionar de manera efectiva los crímenes internacionales. En la JEP los responsables de crímenes internacionales no solo no tendrán pena privativa de la libertad sino que las “penas alternativas” son absolutamente simbólicas en tanto que mientras que las “cumplen” los guerrilleros de las Farc podrán no solo aspirar a cargos de elección popular sino ejercerlos. ¿Es una pena verdadera aquella que permite dedicarse al ejercicio de un cargo público o es solo una tomadera de pelo? Sabemos que la Corte Penal Internacional acepta que se disminuya la proporcionalidad de la pena de privación de libertad y que haya sanciones bajas, como lo prueba que no se haya iniciado ningún caso contra los guerrilleros y “paramilitares” beneficiados con los mecanismos de justicia y paz, ¿pero tolerará que no haya ninguna pena real?
A su vez, la JEP consagra la máxima de que ser pillo paga, la otra cara de la violación del principio básico de igualdad frente a la ley. Por un lado, porque el Gobierno y el Congreso terminaron aceptando que un delincuente común pague muchos años de cárcel por cualquier delito y en cambio los de las Farc no pague ni un solo día aunque por décadas hayan cometidos miles de crímenes. Por el otro, porque les da un tratamiento más favorable a los guerrilleros que a los militares y civiles que también serán objeto de su jurisdicción.
En fin, la JEP trae aparejados altísimos costos institucionales y en derechos humanos. Aquí también Santos y su equipo fracasaron como negociadores y le dieron a las Farc triunfos que nunca obtuvieron en el campo de batalla.
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Que Leopoldo López esté por fin en casa es solo un avance muy parcial. Sigue siendo un preso político del autoritarismo chavista. Y aún hay centenares más en los calabozos gubernamentales. No los olvidamos.
Publicado: julio 11 de 2017