Con la apertura de investigación disciplinaria en la procuraduría, es hora de que la exministra Parody le responda al país.
Con el anuncio de la procuraduría general de la nación en el sentido de que se ha abierto indagación disciplinaria en contra de la exministra de Educación de Santos, Gina Parody por su participación como integrante del gabinete en decisiones que pudieron beneficiar a su familia, propietaria de la denominada Terminal fluvial Andalucía, en el municipio de Gamarra, en el Cesar, la exfuncionaria no puede seguir evadiendo su obligación de darle respuestas al país.
El 5 de abril de este año, el senador uribista Ernesto Macías y el abogado Jaime Lombana Villalba, presentaron una queja disciplinaria en contra de la exfuncionaria y de su pareja permanente, la también exministra Cecilia Álvarez Correa.
En dicho documento, Macías y Lombana reseñaron de forma detallada cómo la familia Parody resulta favorecida con la adición por $900 mil millones de pesos a favor de Odebrecht para la construcción de la vía entre Ocaña y Gamarra, como una prolongación –que no lo es- de la ruta del sol.
En concreto, la procuraduría investigará cuál fue el papel que jugaron las exministras Álvarez y Parody en la discusión y aprobación del documento Conpes 3817 del 2 de octubre de 2014 en el que se hizo la “declaración de importancia estratégica del corredor Ocaña-Agua Clara-Gamarra”, con lo que abierta y directamente se favorecen los intereses económicos de los empresarios Parody. ¿Por qué las ahora exfuncionarias no se declararon impedidas? ¿Incurrieron en conflicto de intereses? ¿Violaron el código disciplinario único? Esos tres interrogantes deberán ser absueltos durante la investigación en el ministerio público.
Para el abogado Lombana y el senador Macías es evidente que las doctoras Álvarez y Parody debieron ausentarse de esa discusión. En la queja formulada en contra de ellas, “con el fin de proteger y garantizar el principio de imparcialidad que debe regir la función pública, se solicita a la Procuraduría investigar y constatar con el fin de determinar si era deber de dichas funcionarias declararse impedidas para realizar las correspondientes actuaciones al existir conflicto de intereses y en caso afirmativo, si sus conductas encuadran dentro de las mencionadas faltas gravísimas establecidas por el código disciplinario único”.
Las exministras Parody y Álvarez han evitado dar respuestas a la sociedad. Ellas, como altas funcionarias del Estado –eran las ministras estrella del gobierno de Santos- están en la obligación de brindar explicaciones. Su estrategia es distinta.
En particular, la exministra Álvarez, con la ayuda de un habilidoso abogado penalista, ha intentado cuestionar el trabajo de los periodistas que revelaron los hechos, a través de denuncias penales temerarias. (Lo invitamos a leer “La maniobra de Cecilia Álvarez”).
La doctora Gina Parody, que tiene aspiraciones presidenciales, no puede seguir guardando silencio. Debe aclararle esta situación al país que ella anhela gobernar. No es aceptable que los recursos públicos sean destinados para favorecer a empresarios particulares y mucho menos, cuando éstos son los hermanos de una ministra que participó activamente en la toma de decisión para la construcción de la carretera que fue hecha a la medida de las necesidades de la familia Parody.
En criterio de algunos abogados, si la ministra Parody es hallada responsable disciplinariamente, podría recibir una sanción de hasta 20 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos. Así mismo, podría terminar respondiendo penalmente ante la corte suprema de justicia.
Publicado: julio 6 de 2017