Es indispensable volver sobre el narcotráfico. Según el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito UNODOC, que siempre ha reportado cifras menores que los gringos, a fines del 2016 había en Colombia 146 mil hectáreas de coca, un 52% más que en el 2015. Puesto que para los Estados Unidos la cifra es de 188 mil, la brecha usual entre los informes de Naciones Unidas y las de los gringos se reduce. Es un dato muy significativo.
Recordemos que durante Uribe los narcocultivos bajaron más de un 60%, a 63 mil hectáreas. Perú volvió al deshonroso primero lugar en extensión de narcocultivos. La producción de coca cayó de 680 toneladas a 290. Hoy se producen más de 900, más del doble que las del 2014. Desde ese año todo el desastre ha ido en aumento. Nunca en nuestra historia hemos tenido más narcocultivos ni se ha producido más coca que ahora.
Las razones: uno, la suspensión primero de la fumigación aérea y después de la erradicación forzada, en un inicio para “generar confianza” con las Farc y después porque así se pactó con ellas. Dos, la prohibición del uso del glifosato, con la pésima excusa del principio de precaución y que podría, no está probado, causar linfoma no Hodgkin. Al día de hoy nadie ha podido explicar porque en virtud de ese mismo principio no se ha suspendido el uso de los muchos productos y actividades que si está comprobado que causan cáncer y porque solo se ha prohibido el uso del glifosato para las erradicaciones. Tres, la devaluación del peso, que hace aún más rentables los narcocultivos y la exportación de drogas. Cuatro, la suspensión de la acción penal contra los cultivadores por dos años, de manera que saben que no serán perseguidos por sembrar coca, amapola o marihuana. Cinco, los incentivos económicos pactados en el acuerdo para quienes se dedican a los cultivos ilícitos. Como consecuencia, el gobierno ya anunció que entregará 1.800.000 pesos mensuales por al menos dos años a los narcocultivadores. Mientras tanto, al campesino que siembre papa, yuca o plátano y que nunca he delinquido no le dan ni una semilla. Seis, la enorme cantidad de talanqueras que se pactaron con las Farc para la erradicación, tantas que es casi imposible hacerla. Siete, la intención de tratar el narcotráfico como un delito conexo al político, de manera que sea susceptible de amnistía e indulto. Así los guerrilleros dedicados al narcotráfico, tanto los de las Farc como los del Eln (que entienden que como mínimo recibirán el mismo tratamiento), saben que no serán juzgados por traficar. Ocho, la prohibición de extraditar a los guerrilleros vinculados al narcotráfico. Nueve, agréguese que en ningún lado se pactó la obligación para las Farc de denunciar a sus cómplices en el negocio o las rutas o los laboratorios o los narcocultivos. Diez, en el acuerdo no se estableció sanción efectiva para los guerrilleros que no entreguen los bienes y dineros ilícitos. Si no lo hacen, no perderán los beneficios políticos, jurídicos y económicos pactados con Santos. Los siete últimos puntos, reitero, son incentivos perversos al narcotráfico pactados en el acuerdo con las Farc.
Este año a esos factores habrá que agregar al menos tres más: la incapacidad del Estado de controlar las áreas que dejaron las Farc y, en una moneda de doble cara, la preocupante inoperancia de la Fuerza Pública, incapaz de combatir con eficacia las disidencias, reales o estratégicas de las Farc, el Eln y las bandas criminales. Y, para rematar, el infame decreto 903 del 2017 que organiza una gigantesca y horrorosa operación de lavados de activos mediante la cual Santos y sus compinches volverán licita la fortuna criminal de las Farc y la pondrán a disposición de esa organización para sus fines políticos y económicos.
En fin, por un lado, se eliminaron todos los mecanismos de presión contra las Farc y los cultivadores de coca y se neutralizaron los riesgos de perder los cultivos y, por el otro, se establecieron multiples incentivos para aumentar la siembra ilícita y el negocio del narcotráfico.
Las consecuencias son obvias: para empezar, el gigantesco mar de coca en que estamos hundidos; después, que no solo no podemos hablar de post conflicto porque ahí siguen vivitas y alimentándose de la coca y la amapola las disidencias de las Farc, el Eln y las bacrim, sino que se incentiva la violencia que, en Colombia, siempre se ha alimentado del narcotráfico; además, se está impulsando la drogadicción por vía del microtráfico, que no es otra cosa que una estrategia deliberada de volver dependientes a nuestros jóvenes y niños; finalmente, que las Farc serán el partido político mejor financiado del país.
El Ministro de Defensa ha dicho que renunciará si no cumple la promesa de erradicar 50.000 hectáreas y sustituir otras tantas. No hay ninguna posibilidad de que lo consiga. Mejor haría en irse ya, aunque no habrá gran diferencia.
Publicado: julio 18 de 2017