La política del Estado en materia de tierra debe partir de la soberanía del Estado sobre todo el territorio nacional.
Planteo, para su discusión, unos principios básicos para una política de tierras en Colombia: a. Hay que devolverle su propiedad a aquellos que hayan sido despojados; b. Hay que retornarle al Estado los baldíos adjudicados de manera fraudulenta e ilegal; c. Hay que entregar los títulos a los poseedores legítimos para que se vuelvan propietarios; d. Pero no menos importante, también hay que proteger la propiedad de todos aquellos que tienen títulos legítimos y tradición incuestionable. No hay política sostenible sino no está basada en el reconocimiento de la propiedad privada; e. Por tanto, la defensa del derecho de propiedad privada debe ser un eje primordial de cualquier propuesta política; f. Más aun, el objetivo de cualquier política debe centrarse en la meta explicita de hacer propietarios a todos los colombianos.
Ahora bien, hay amenazas profundas a esa propiedad, por varias razones: el despojo de realizado por grupos armados ilegales, entre ellos las Farc y el Eln y las bandas criminales; por el uso expansivo del concepto de “ancestralidad” que promueven algunas poblaciones indígenas que se escudan en ellos para la invasión de tierras (la discusión de su propiedad, si la hubiera, debe hacerse siempre por cauces legales y no por vías de hecho); hay amenazas eventuales en el abuso del concepto de la “función social” de la propiedad y en su extensión a la idea de “uso adecuado”; y hay amenazas emergentes en el acuerdo con las Farc: en el desarrollo jurídico de la idea de la “reforma rural integral” y la apertura al abuso de las figuras de expropiación y de extinción de dominio; en la superposición de las circunscripciones especiales y los programas con enfoque de desarrollo territorial PEDT; en la coincidencia de esas circunscripciones especiales con las fuentes de financiación ilegal de los grupos armados organizados: áreas de narcocultivos y minería ilegal; y en la intención de las Farc de hacer permanentes las zonas veredales y campamentales que por definición deberían ser transitorias. No hay que olvidar nunca que la estrategia de las Farc es la construcción de poder nacional a partir del control territorial.
En cualquier caso, la clave que hay que entender es que el problema del agro no es la propiedad de la tierra. Las reformas rurales tradicionales en el mundo y en Colombia han demostrado el fracaso de este concepto. La inmensa mayoría de los campesinos sigue sumida en la pobreza. La clave es la productividad.
Ahora bien, la política del Estado en materia de tierra debe partir de las siguientes premisas: una, la soberanía del Estado sobre todo el territorio nacional. No es admisible la parcelación de la aplicación de la Constitución. La jurisdicción indígena debe ser respetada pero no puede suponer la vulneración de los pilares fundamentales de la Constitución ni de los tratados internacionales de derechos humanos y no puede extenderse más allá de sus resguardos ni a personas que no son parte de esas poblaciones. Dos, el Estado debe garantizar la propiedad de todos los habitantes. La de las poblaciones indígenas y afrodescendientes, sin duda, pero también la de los mestizos y blancos.
Por otro lado, habrá una demanda creciente de alimentos en los próximos quince años. Colombia tiene una vocación agropecuaria y piscícola indudable y la posibilidad de convertirse en despensa y proveedor de esos alimentos por cuenta de su privilegiada situación: dos océanos, ubicada en el Ecuador y posibilidad de cultivar y cosechar durante todo el año, recursos hídricos privilegiados, altitudes desde el nivel del mar hasta los páramos, todos los tipos de terrenos y, muy especialmente, tierra disponible.
En consecuencia, la sociedad civil, el sector privado y el Gobierno deben apostarle a hacer del campo colombiano uno de los grandes canales de desarrollo. Solo así podremos generar riqueza, crear empleo formal y superar la pobreza.
Publicado: agosto 1 de 2017