En los frentes de impulso de preponderancia en la política pública, se debe tener con sustancial primacía la organización del Estado, su funcionalidad, la gestión y el respeto por las instituciones.
Dentro de un sistema democrático, es fundamental y necesario tener instituciones con el más alto nivel de eficiencia, eficacia, calidad en la prestación de sus servicios, economía y moralidad, entre otros principios rectores de la función administrativa. Organizaciones estatales fortalecidas, que cuenten con sistemas de gestión, desarrollo de su talento, medición de sus programas a través de metas, indicadores de gestión, de impacto comunicados a la ciudadanía en procedimientos definidos y claros.
Infortunadamente, hace varios años, estamos viviendo un debilitamiento institucional constante y creciente, que trasciende desde el nivel central al territorial, en grave perjuicio y daño de los resultados para el pueblo y las comunidades en nuestro país.
Así como históricamente se ha creído que el tamaño del Estado influye en el desarrollo óptimo de las competencias y responsabilidades a su cargo, está demostrado que la administración con base en procesos y por resultados puede ser establecida con efectos altamente positivos en la organización estatal, disminuyendo el gasto excesivo y aumentando la inversión social.
Lo que ha ocurrido en Colombia, en estos últimos años, es realmente preocupante. Se aumentaron en las entidades estatales las nóminas burocráticas sin tener a ciencia cierta una medición del resultado de estas altas nóminas. A pesar del aumento burocrático, varias entidades han sido desconocidas para llevar a organizaciones privadas o sociales, sin que rindan cuentas ni cuenten con la experiencia para hacerlo a unos costos de aprendizaje altos, como sucede cuando se empiezan procesos sin la preparación adecuada. Casos como los de la Alimentación Escolar, en el Ministerio de Educación, y la atención integral en primera infancia, en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Peor aún, acabaron con la Constitución Política de 1991. De manera acelerada llevaron unos acuerdos, no aprobados por los ciudadanos, a hacer parte del bloque de constitucionalidad, haciendo trizas nuestra Carta Magna. Le incluyeron a la Constitución toda serie de modificaciones por fuera de su alcance. Por ejemplo, en materia de tierras, el sistema de justicia, el derecho penal, materia electoral, la estructura y operación del Estado, el trámite de las leyes orgánicas y ordinarias, por solo mencionar algunos. De esta manera, trasgredieron el mayor cimiento de nuestro Estado: la Constitución Política.
La institucionalidad fiscal también ha sido impactada sobre la misma marejada negativa. El aumento del déficit fiscal, al aumento de la deuda pública, aumento de impuestos a la clase trabajadora, lo que nos tienen a todos apretados hasta el límite, y aumento del costo burocrático.
La corrupción, sentida por los colombianos como el principal problema, cada día nos sorprende con un nuevo escándalo, que se extiende a todos los sectores: salud, sistema financiero, adjudicación y ejecución de obras, justicia, publicidad del Estado. Todos, no se escapa uno.
Por ello, el escándalo de Odebrecht no debe tapar todo lo demás, ni los debates mediáticos redundantes, tapar las investigaciones de Odebrecht . Seria interesante un informe público de los organismos de control sobre las adiciones que se hicieron en obras y demás tipos de contratos. ¿Quienes gestionaron otras adiciones?, ¿Quienes son los contratistas y hacen parte de consorcios y uniones temporales?, ¿Financiaron campañas?, ¿De qué políticos y de cuales partidos?
Además, los partidos políticos también se han debilitado gravemente, y eso es un problema delicado. Si bien, históricamente, los partidos no han gozado de gran aceptabilidad en las encuestas de opinión, hoy en día, varios de ellos hacen crisis. Sorprende como hasta el propio partido de gobierno está ausente de lideres en la opinión pública, precisamente teniendo el poder de la Presidencia de la República, y en cambio no sorprende que algunos de los principales congresistas de dicho partido estén siendo investigados dentro de los grades escándalos de corrupción.
Hay que tener carácter, claridad, valores y gran convicción, para no abusar, y tampoco romper el alcance de las funciones, responsabilidades y competencias.
Recuperar las instituciones será uno de los principales propósitos que debe asumir el próximo gobierno: recuperar la gobernabilidad de cada sector, área y entidad de gobierno, instaurar de nuevo sistemas de medición de la gestión, rendición de cuentas con participación ciudadana, seguimiento a las metas objeticos y propósitos misionales estratégicos de las organizaciones, seguimiento al costo burocrático, austeridad en los gastos del Estado para dar buen ejemplo y mantener motivados a los diferentes niveles de empleado. Estos son algunos de los instrumentos a través de los cuales se fortalece la gestión y a su vez, se cimienta la institucionalidad nacional.
Publicado: julio 31 de 2017