El fiscal general Martínez ha enviado un mensaje contundente: todos los implicados en el caso Odebrecht responderán ante la justicia.
Cuando estallan los escándalos de corrupción, la respuesta automática de los involucrados se limita a negar los hechos, empleando un tondo de indignación y sorpresa.
Cuando se destapó el proceso 8000, los primeros involucrados fueron los congresistas liberales de distintas regiones del país que recibieron cheques de las empresas fachada del cartel de Cali. Uno de los primeros en caer en la mira de la justicia fue José Elías Guerra, conocido como Joselito. El nombre del otrora poderoso senador sucreño, dueño de una de las votaciones más sólidas del Caribe colombiano, es mencionado en los célebres narcocassettes. Fue condenado por los delitos de enriquecimiento ilícito, falsedad en documento privado y estafa, razón por la que estuvo privado de la libertad durante 72 meses.
Su hermano Antonio del Cristo Guerra, fue el heredero de ese emporio electoral. 23 años después del 8000, cuando ha pasado suficiente agua bajo del puente y se creía que la lección que en su momento impartió la justicia había sido ejemplarizante, el nombre del senador Guerra, hoy elegido por Cambio Radical, resultó mencionado por la fiscalía, entidad que compulsó copias en su contra a la corte Suprema, solicitando que se le investigue por haber recibido parte del soborno entregado por Odebrecht.
Antonio Guerra no es el único congresista involucrado en esa espeluznante trama de corrupción. Los senadores cordobeses Bernardo Ñoño Elías, Musa Besaile Fayad y el representante por el Norte de Santander, Ciro Rodríguez, también serán investigados por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.
No será la primera investigación en la corte contra los senadores mencionados. Musa Besaile, tiene 6 procesos adicionales y Ñoño Elías, 9. En el caso de Antonio Guerra, no se registran otras investigaciones en el alto tribunal.
La primera reacción de los investigados era previsible. Todos a una, como en la tradicional obra de Lope de Vega, salieron a rechazar la investigación. Negaron conocer el asunto, a sus protagonistas y, por supuesto, haber recibido la tajada de dinero que les correspondió, según la investigación, a manera de soborno.
A finales de febrero de este año, LOS IRREVERENTES revelaron la existencia de un lujoso yate que el senador Bernardo Elías tiene fondeado en la ciudad de Cartagena. Según los investigadores que conocen el caso Odebrecht, el congresista adquirió el navío a través de terceros, precisamente en los días en que Odebrecht estaba repartiendo los sobornos a los parlamentarios que estaban en “su nómina”. (Sobre esta historia, le recomendamos leer “El ocaso del Ñoño”).
Así los implicados intenten escurrir el bulto, como se dice popularmente, lo cierto es que la fiscalía cuenta con pruebas sólidas que dan fe de su participación activa en esta trama de corrupción. Mientras el cuestionado consejo nacional electoral está dejando morir lentamente los procesos contra las campañas presidenciales de Santos y Óscar Iván Zuluaga, la fiscalía avanza con contundencia en su investigación.
El casohasta ahora comienza y no se descarta que en las próximas semanas, gracias al testimonio del capturado empresario Eduardo Zambrano, haya nuevos desarrollos que se traduzcan en imputaciones de cargos y capturas de personas muy cercanas a Juan Manuel Santos y a sus dos campañas presidenciales.
Publicado: julio 27 de 2017