Fiscal Martínez confirma denuncias hechas por la oposición: la JEP será utilizada como herramienta de guerra jurídica contra el uribismo.
Fiscal general es víctima de Moreno
No sobran los que pretenden pescar en río revuelto y tratar de endilgarle responsabilidades al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, que no le corresponden.
Si bien es cierto que él nombró a Gustavo Moreno como fiscal de la unidad anticorrupción de la fiscalía, aquello no lo hace, ni mucho menos, culpable por los delitos cometidos por el funcionario.
Moreno deshonró la confianza que le fue depositada y traicionó al fiscal general de la nación, lo que convierte a Néstor Humberto Martínez una víctima suya.
La JEP como arma de combate político
Desde la oposición democrática se advirtió durante la campaña del plebiscito de octubre del año pasado, que la denominada jurisdicción especial de paz, sería utilizada como herramienta para el combate político.
Las Farc, a través de su aparato de justicia, tendrán un arma letal para combatir a quienes desde la legalidad enfrentaron sus actos de barbarie.
En su momento, el gobierno y sus aliados aseguraron que aquella era una advertencia mentirosa y manipuladora hecha por “los enemigos de la paz”.
Ahora, que el fiscal Néstor Humberto Martínez ha elevado sus reparos frente a la JEP, en el sentido de que el país “puede pasar de una guerra armada a una guerra jurídica”, los cuestionamientos de la oposición toman más fuerza, vigencia y vigor.
Es evidente que los terroristas de las Farc, se valdrán de una JEP, integrada por jueces y magistrados designados por miembros de la izquierda más recalcitrante, para perseguir judicialmente a sus opositores, particularmente al uribismo.
Un Estado, dos justicias
La perversidad de la JEP es tal, que una vez entre en vigor, Colombia será un Estado con dos sistemas judiciales, uno de ellos manejado al arbitrio de una banda terrorista, lo cual hará perfectamente inviable a nuestro país.
A lo anterior, hay que sumar un hecho gravísimo que ha denunciado el fiscal general de la nación: la inequidad entre los beneficios que recibirán las Farc y los castigos previstos para otras personas vinculadas con grupos armados organizados al margen de la ley.
“El derecho a la igualdad de trato jurisdiccional entre los combatientes del conflicto armado pondrá en vilo el logro de una paz estable y duradera”, puntualizó el fiscal general.
Asimetría con los financiadores
Uno de los aspectos que más genera controversia tiene que ver con el trato que recibirán los financiadores de las Farc y de los grupos de autodefensa ilegal. Mientras que aquellos que subvencionaron las acciones terroristas de las Farc irán a la JEP, los que brindaron recursos a las desaparecidas AUC, serán castigados por la justicia ordinaria.
Ese tratamiento dispar, no deja de llamar la atención del fiscal general, quien le ha pedido a la corte Constitucional que equipare las situaciones e imponga un tratamiento simétrico.
Publicado: julio 6 de 2017