La Representante Angélica Lozano y la Senadora Claudia López han insistido en la presentación de proyectos de ley y de actos legislativos que pretenden combatir la corrupción agobiante en Colombia. El fin es loable, pero los medios propuestos son más populistas que conducentes.
A la cabeza de las propuestas eminentemente populistas está la reducción de los sueldos de los congresistas. Para ponerlo en cifras, hoy un miembro de nuestro Congreso gana 27.9 millones de pesos y pasaría a ganar algo más de 18. Puede que el sueldo resulte una ofensa para el 10 por ciento de la población de nuestro país que vive en condiciones de pobreza extrema, y puede también que la reducción sea significativa en materia de gasto público, pero ni la inequidad en Colombia se va a resolver bajando esos sueldos, ni esa es la medida más efectiva para recortar el gasto.
Un análisis más serio llevaría a una propuesta que reduzca el número de congresistas en ambas cámaras, o que suprima del todo la Cámara de Representantes. Si la intención de la modificación salarial fuera el cuidado del dinero del Estado, bastaría explicar que así también puede hacerse un corte presupuestal, de hecho, uno aún más significativo, y que la reducción de las cámaras o la supresión de una de ellas traería todo un glosario de beneficios para nuestro Estado demasiado grande, burocrático y sí, corrupto.
Pero no es esa la intención detrás de la iniciativa. La razón por la que la mayoría de las personas apoyan la idea de Lozano y López es que no creen en el trabajo del Congreso y no entienden que personas que poco trabajen ganen cifras tan aparentemente desconcertantes en una realidad tan desigual como la nuestra. No del todo les falta razón. En el año que tuve la oportunidad de trabajar en esa entidad fui testigo de primera mano de que, con excepciones, la regla general es la falta de profesionalismo y de rigor con los asuntos de la patria. Pero no se puede castigar el cargo por las faltas de quienes lo ocupan. Una mejor solución está contenida en el mismo proyecto. Se fundamenta en la necesidad de hacer un control riguroso a la actividad legislativa de cada miembro de nuestro Congreso. Esa es una propuesta inobjetable, pero por si sola no cautiva a los votantes que desprecian la ineficacia de nuestra rama legislativa.
Por otra parte, si hay que ser rigurosos en el análisis no se debe comparar el sueldo de los congresistas colombianos con el salario mínimo para determinar si son demasiado elevados. Una comparación más pertinente puede hacerse con los sueldos de los parlamentarios de otros países de la región. En ese escalafón Colombia se ubica cerca de la mitad de la tabla sudamericana por detrás de Argentina, Brasil y Chile. Si el cálculo se hace considerando el sueldo en salarios mínimos de cada país, la remuneración de los parlamentarios colombianos es nuevamente la cuarta mayor.
Ahora bien, si se trata de encontrar soluciones definitivas al desprestigio del ícono de la democracia hay que aceptar primero que el problema de fondo del Congreso es su falta de independencia frente al ejecutivo. La raíz de su corrupción y de su ineficacia es, paradójicamente su falta de poder, su sumisión antinatural. Mientras sea el Presidente el que reparta los cupos indicativos y las regalías, el Congreso no será lo que está llamado a ser en nuestra democracia. El problema es pues, de diseño y la solución depende del empoderamiento de la corporación, y no puede consistir en una medida inquisidora que termine por legitimar su mediocridad. Reducir el sueldo de los parlamentarios le da votos a quien lo propone, desestimula las pretensiones de personas que quisiéramos que aspiraran a la política, les hace un daño económico notable a los congresistas actuales, pero a Colombia, a Colombia le aporta poco o nada.
Publicado: julio 1 de 2017