Ciertamente al doctor Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación, no le ha quedado grande el puesto y menos la institución.
Ya en este mismo espacio, el 29 de julio del año pasado, habíamos destacado sus calidades como jurista y sobre todo como persona.
Es decir, la próxima semana el Fiscal General cumplirá un año al frente del ente investigador y durante estos 12 meses le ha dejado claro al país que imparte justicia para todos lados, como tiene que ser.
Hasta hace poco Martínez era con razón blanco de todo tipo de críticas porque daba la impresión de ser un empleado más de la Casa de Nariño.
Pero, como se ve, no hay tal: al Fiscal no le ha temblado la mano para poner en aprietos judiciales a algunos de los principales electores del presidente Juan Manuel Santos en las elecciones de mayo y junio de 2014.
Es un tema que, así algún sector de la prensa bogotana trate de ignorar para favorecer los intereses presidenciales, es de la mayor gravedad por cuanto los legisladores implicados le pusieron al reelecto mandatario miles y miles de votos en los comicios de hace tres años, que terminaron marcando la diferencia en contra del candidato de la oposición.
El escándalo de Odebrecht no puede terminar en que los únicos que recibieron plata de la corrupta constructora fueron dos gatos y uno que otro intermediario de ellos.
Aquí hay que llegar hasta el fondo del barril y en ese barril y en su fondo hay como mínimo varios parlamentarios y ex ministros y ex ministras. (Tal vez Martínez tiene como lunar las largas que su Fiscalía le ha dado a la investigación formal contra las doctoras Cecilia Álvarez y Gina Parody por la construcción de la carretera Ocaña-Gamarra con la que ambas se volvieron más millonarias de lo que eran).
Con la presencia del doctor Martínez en la Fiscalía quedó atrás la funesta administración de Eduardo Montealegre y Jorge Fernando Perdomo, quienes convirtieron al ente investigador en una especie de grupo de amigos.
Durante cuatro años mandaron ellos dos, el director del CTI, el jefe de prensa y dos o tres fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Nada más. En otras palabras, manejaron la institución como quien conduce una oficina particular y no una institución de la importancia de la Fiscalía.
Por eso se dieron el lujo de abusar de todo el mundo. Fueron cuatro años en los que Montealegre, Perdomo y compañía se convirtieron en mandaderos del gobierno de Juan Manuel Santos, quien, ni corto ni perezoso, aprovechó su condición de lambones-lagartos para que le hicieran favores y/o daños a sus contradictores (que actualmente son como el 85% de los colombianos).
Montealegre y Perdomo persiguieron a la oposición sin piedad. Intervinieron indebida y decididamente en las elecciones presidenciales de 2014 con el cuento del hacker Andrés Fernando Sepúlveda y en perjuicio del candidato de la oposición. A los abogados que no estábamos en su lista de áulicos nos irrespetaron y casi que amenazaron con un carcelazo.
Muchos de los jueces que no respaldaron sus decisiones terminaron empapelados. Y, lo que es peor aún, gastaron a manos llenas el dinero de los contribuyentes asignado a la Fiscalía.
Por eso les regalaron millonarios contratos a personas que no tenían ni tienen la menor idea de política criminal. Y ni siquiera se sonrojaron cuando se les criticó por el saqueo al erario. Por el contrario, envalentonados braveaban a quienes les decíamos abusivos y saqueadores.
Y, finalmente, como Santos no tiene amigos, terminó peleando con el mencionado par porque se creyeron dueños de la Fiscalía en medio de la embriaguez del poder.
Cual muchachos chiquitos, Fiscal y Vicefiscal se pusieron bravos con su jefe –léase Santos– cuanto éste se resistió a elevar a Perdomo a la calidad de fiscal general.
Con el doctor Néstor Humberto Martínez, en cambio, todo ha sido mesura y respeto por la sana crítica. Terminó con unas tales embajadas que Montealegre y Perdomo les entregaron a sus sacamicas en importantes países del mundo y con sueldos de envidia. Le ha metido el diente a la corrupción que carcome los cimientos de la entidad acusadora. Y a los abogados nos devolvió el respeto que merecemos como litigantes y parte vital de los procesos que adelanta la Fiscalía.
Con Martínez, adicionalmente, se puede decir sin lugar a equívocos que la seriedad regresó a la Fiscalía.
Estamos seguros de que el doctor Martínez nunca se va a poner en calidad de víctima a decir que lo van a matar. Mucho menos va a salir con el cuento reforzado de que un grupo de muchachos ingresó a su apartamento y le robó un computador en el que tenía la «más sensible» información de la Fiscalía.
Publicado: julio 28 de 2017