Nuestro contrato social establece dentro de los fines esenciales del Estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad, garantizar los derechos y deberes de los ciudadanos, facilitar la participación del pueblo en los asuntos de la Nación, defender la independencia y la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica así como un orden justo. El pueblo esperanzado desde la época de la independencia, en que se cumplan esos fines esenciales, se ha involucrado en múltiples conflictos bélicos que una vez concluidos han traído consigo una nueva constitución. Sin embargo luego de más de doscientos de un constitucionalismo pos bélico, las cosas tienden a ser igual. Una clase política heredera del colonialismo y el esclavismo, lucha por controlar el poder político desde su modelo centralista, confrontando con sus instrumentos, a los poderes regionales o seudofederales para evitar su emancipación.
La falta de autonomía regional, la corrupción central, el poder centralizado en Bogotá, el constante transigir de las elites económicas regionales, especialmente de las que integran la ciudades portuarias, con las elites de la política bogotana, muestran un rompimiento de la ética con el manejo del Estado y un marginamiento de otros sectores poblacionales que carecen del poder económico que genera el intercambio mercantil en Barranquilla, Buenaventura, Cartagena y Santa Marta, junto al poder que genera el control de los órganos del Estado que deberían ser el reflejo de una verdadera institucionalidad.
Los últimos acontecimientos de corrupción demuestran que el Estado colombiano, funciona mal, o mejor no ha funcionado. Nuestro Estado, ha estado al servicio de unas elites que se alimentan con reciprocidad y consumen los recursos de la Nación sin consideración de aquellas comunidades y regiones que requieren la asistencia social y económica para alcanzar la prosperidad y ser competitivos. A ese contubernio económico y político que gobierna el Estado colombiano y lo ha gobernado en toda su historia republicana, no le importa y tampoco le interesa que regiones como La Guajira, La Amazonia, La Orinoquía y el Litoral Pacífico, alcancen un nivel de desarrollo humano integral y por eso cada vez que destinan unos pocos recursos económicos del presupuesto nacional, los entregan sin controles para que dada la cultura generalizada del abuso de los publico, se los roben, para así poder luego, desplazar su aparato judicial y de control con el fin de demostrar mediáticamente que las regiones son corruptas y continuar alimentando la idea del centralismo bogotano.
El sistema es corruptor y a la vez corrupto. Se necesita un reencuentro de la sociedad colombiana con el Estado y de éste con el sistema de mercado, bajo principios que otorguen importancia al ser humano, un modelo que desde la filosofía nos acerque a Emanuel Kant y a Friedrich Hegel. Colombia y los colombianos no podemos continuar viviendo de las ilusiones de alcanzar la convivencia pacífica. Tenemos que hacer de nuestro constitucionalismo una realidad y no una utopía.
Publicado: julio 11 de 2017