El secretario Gustavo Villegas no es la primera autoridad que hace alianzas con criminales, para combatir a otros grupos delincuenciales.
Será la justicia la que determine si el secretario de seguridad de Medellín, Gustavo Villegas es responsable o no de los graves delitos que se le imputan, fundamentalmente el haberse aliado con estructuras criminales para reducir los alarmantes niveles de inseguridad que se viven en la capital antioqueña.
La captura de Villegas abre un debate que debe ser asumido con total desprendimiento de las pasiones políticas y que se concentra en las estrategias que adoptan los gobiernos –nacionales o locales- para combatir al crimen organizado.
El ejemplo más claro se vivió con ocasión de la lucha contra Pablo Escobar, el enemigo público número uno.
Escobar tenía al Estado perfectamente sometido por cuenta de su demencial oleada terrorista. Empezó asesinando jueces y magistrados y terminó detonando poderosas bombas en lugares altamente transitados por particulares. Llegó al extremo de pagar $2 millones de pesos de la época –comienzos de la década de los 90 del siglo pasado- por cada policía asesinado en Medellín. Aquello, como era de suponer, despertó la codicia en los matones a sueldo de esa ciudad.
Para ubicar y reducir a Escobar, el gobierno de César Gaviria buscó apoyo de los servicios de inteligencia de otros países –Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel-, pero también hizo alianzas con grupos al margen de la ley, fundamentalmente los llamados Pepes que era una estructura integrada por una variopinta de malhechoras: había desde antiguos lugartenientes de Escobar, hasta miembros de retirados de la fuerza pública y, por supuesto, el cartel de Cali.
En ese momento, el gobierno literalmente se escogió un mal menor, para acabar con un mal mayor.
En el mundo entero, los organismos de inteligencia se ven avocados a hacer alianzas con personas al margen de la ley para efectos de obtener información que sirva para la desarticulación de organizaciones delincuenciales.
Volviendo al caso de Colombia durante el gobierno de Gaviria, se llegó al extremo de emitir decretos en los que se les daba total impunidad a los narcotraficantes que se sometieran y delataran a sus cómplices.
Aquella maniobra, evidentemente extralimitada y puesta en marcha por el tristemente célebre exministro de Justicia Jaime Giraldo Ángel, permitió que bandidos de la peor laya terminaran pagando penas irrisorias, a cambio de brindar información que sirviera para cercar y cazar a Escobar.
Si Villegas, en su condición de secretario de seguridad de Medellín hizo un pacto subrepticio con sectores del crimen organizado de esa ciudad, hecho que puede llegar a ser un delito, no será ni la primera ni la última vez que un funcionario encargado de esos asuntos sella ese tipo de alianzas.
Aunque es un asunto difícil de digerir, no puede causar estupor que se adelanten maniobras de esa naturaleza. Durante los años de la guerra contra los carteles de la droga, la propia policía nacional empleó a uno de sus mejores oficiales, el coronel Danilo González –entrañable amigo del general Naranjo, aunque él ahora lo niegue- para que se acercara a uno de los bandos de la mafia con el fin de conseguir información relevante. González terminó siendo uno de los más peligrosos capos del Norte del Valle del Cauca, con una infinita capacidad corruptora, al punto de que era, desde la sombra, el que manejaba los hilos de la policía colombiana.
Entonces, si Gustavo Villegas es culpable de lo que se les acusa, también lo son César Gaviria por haber “bendecido” el matrimonio entre la Fuerza Pública y los Pepes y los generales que en su momento mandaron al coronel Danilo González hasta las puertas del infierno.
Publicado: julio 7 de 2017