Los hechos siempre desbordan los argumentos. Esta podría ser la sentencia literal para describir lo que está ocurriendo con la implementación del nuevo orden constitucional que acordaron el presidente Santos y el terrorista Timochenko y que con el paso de las semanas desconcierta y ratifica la perversidad jurídica y política con la que se administró el acuerdo de La Habana.
Hemos alertado de todas las formas posibles que estamos presenciando la más absurda violación de nuestra Constitución Política, de la alteración del ordenamiento jurídico y del fin del Estado de Derecho promulgada en nuestra norma superior para imponer el Estado de las Farc. La elección de Diana Fajardo como magistrada de la Corte Constitucional corrió el telón para ver otro acto de lo pactado en La Habana. Cuando las cuentas anunciaban la elección del Jurista Álvaro Motta por la mayoría de senadores el parlanchín y Senador Armando Benedetti notificó al país: “Si no se elige a Diana Fajardo las Farc se va a tener que parar de la mesa…” Y para ratificar las inmensas dudas que pesan sobre Diana Fajardo ella misma en medio de su espíritu sumiso, ratificó en declaraciones escalofriantes las sospechas -si se analizan desde el escenario constitucional y funcional que obliga a los magistrados- “Mi apuesta es la paz”. En conclusión: para la magistrada Fajardo su misión y tarea será defender la paz de las Farc que la de guardar la integridad y supremacía de la Carta Política.
Y no es solo el tema de la imposición de la magistrada Fajardo lo que ratifica nuestras preocupaciones. La semana pasada y aprovechando el puente festivo varios asesores jurídicos de las Farc y del Gobierno Nacional se concentraron en la oficina del exministro Juan Fernando Cristo para ajustar entre las partes más de 34 decretos de ley para la implementación de los acuerdos. Sin debate alguno y de espaldas al país como lo habíamos advertido en la campaña del Plebiscito se modificaron políticas públicas de la propiedad privada en tierras rurales, justicia y seguridad, entre ellas la modificación a la estructura de la Fiscalía, amnistía e indulto para los guerrilleros, entre otras.
Solo se necesita revisar los comerciales multimillonarios pautados en radio, prensa y televisión que invitaban a votar por el SÍ para sopesar el sinnúmero de engaños y mentiras que esgrimieron en la campaña para lograr la aprobación de los ciudadanos en las urnas. El mismo Juan Manuel Santos cuando conoció las verdaderas encuestas del plebiscito, angustioso, descontrolado y rabioso salió a través del particular comercial a manifestar con golpe sobre la mesa que era ¡mentira! lo que los colombianos sospechábamos del acuerdo de impunidad.
Los hechos demuestran que estamos ante la venezolanización del Estado colombiano así lo nieguen rabiosamente las furibundas barras bravas de las Farc. La excarcelación de terroristas y criminales de la más alta peligrosidad como la del actor intelectual de la bomba al club el nogal perpetrada por alias “Pedro” condenado a 40 años de prisión y la del secuestrador de la ingrata y oportunista Ingrid Betancur alias “gafas” hacen parte de los centenares de ejemplos que deben ser enlistados en la memoria de los ciudadanos que nos negamos a claudicar ante la apabullante, cínica, descarada y peligrosa imposición de un acuerdo ilegítimo e ilegal.
Se necesita de la convicción ciudadana y de la valentía de funcionarios públicos como Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín -quien se negó a compartir mesa en uno de esos foros decadentes presididos por criminales como alias “Pastor Alape” donde sientan “jurisprudencia” sobre moral y ética- para enfrentar y exigir los mínimos requisitos que deben cumplir los integrantes de las Farc para pasar la página terrorífica que ellos escribieron.
Afortunadamente esta batalla democrática en defensa de la institucionalidad y la justicia no ha terminado…
Publicado: junio 5 de 2017