El subsuelo ya dejó de ser de la Nación. A pesar de estar consagrado en la Constitución unos pocos miles de personas, con el aval de las Corte Constitucional, la cambiaron y millones de colombianos no pudieron decir nada al respecto.
Con los dos consultas populares sobre el petróleo y la minería en Cajamarca, Tolima y Cumaral, Meta se acabó la minería y la explotación petrolera legal en Colombia.
En minería todo ese espacio es conquistado por un minería ilegal que depreda el medio ambiente. Y el petróleo, como si fuéramos un país rico, pues se va a quedar enterrado.
Si a estas dos decisiones se le suma la orden presidencial por Twitter de quitarle la licencia ambiental a una empresa sin debido proceso, pues quedamos en un país donde la seguridad jurídica muere. Y en ese entorno legal nadie invierte.
El gobierno se preocupa por el clima económico y dice que es por lo medios de comunicación. Lo que no se da cuenta es que estas decisiones solo se suman como precedente a un clima de inversión preocupante por lo que se viene con el proceso de paz donde de nuevo la seguridad jurídica del país quedó por el suelo.
¿Quién va a invertir en el campo si hoy títulos y política agrícola están en el aire o tiene que ser consultada con las Farc? ¿Quién va a generar empleo en el sector industrial o comercial si le han cambiado las reglas de juego impositivas tres veces en estos siete años?
Con razón los empresarios nacionales y extranjeros están huyendo del país. De ser una nación que se caracterizaba por la seriedad de los distintos gobiernos en el manejo macroeconómico y en la estabilidad de las reglas, hoy nos parecemos más a Argentina e incluso a Venezuela dónde no hay controles ni equilibrios de poder. Con el fast-track que convirtió al Congreso en notario y con una Corte Constitucional de bolsillo, ningún empresario se atreve a invertir.
Y eso que todavía no hemos visto los efectos en gobernabilidad de todo el proceso de paz con la Farc que no solo va mal sino que va a ser un concierto de chantajes por parte de la guerrilla hasta que cambie el gobierno. Si las Farc pensaban que el Presidente Santos les iba a dar garantías, bien pueden ponerse en la fila de personas a quienes ha “conejeado”. Mientras tanto, los empresarios aterrados ven a Colombia como un país que no es viable y buscan otros destinos de inversión.
Hoy por hoy, de la locomotora de minería e hidrocarburos que Santos prometió no quedan ni los rieles. Y cuando Colombia tenga que importar en unos años petróleo, la balanza de cambio se deteriora, el dólar de revalúa, el peso se trepa y ¿quién paga? Los sectores más pobres del país.
¿Cómo arreglar ese entuerto? Pues lo primero es que la Corte, aunque no creo pues hace rato dejó de defender la Constitución, tumbe las decisiones de Cumaral y Cajamarca y module la sentencia para exigir al Congreso que legisle en esa materia. Los referendos locales o departamentales deben tener una legislación que hoy no existe. Que permita un debate serio sobre el tema y que las decisiones se tomen por unas mayorías representativas y con unas garantías para ambas posturas. Incluyendo temas tan álgidos como el de Belén de Bajirá.
Me gusta la democracia directa. Y me gusta aún más que crezca la autonomía de las ciudades y los departamentos. Amo la Constitución de Rionegro que federalizó a Colombia. El centralismo asfixia nuestro país. Es más, fui de los que convencí al CD de participar en el plebiscito de la paz. Los ciudadanos de los municipios o departamentos deberían poder tomar las decisiones de su municipio o su departamento. Pero en el caso de la minería y el petróleo con toda la información: los recursos y el empleo que dejan de tener, los costos medio ambientales y su mitigación.
Estas decisiones populares muestran el déficit normativo que hay en materia de autonomía territorial. Ojala el país aproveche lo sucedido y emprenda las reformas necesarias. Y de esta manera no sigamos con esta improvisación normativa y plebiscitaria que solo beneficia al populismo que vende pan para hoy pero miseria para mañana.
Publicado: junio 6 de 2017