La banda terrorista de las Farc no se acabó. Está más fuerte que nunca, gracias a la claudicación de Santos.
Con bombos y platillos, desde un lujoso salón parisino, el viajero presidente Santos anunció que se acerca “el fin del conflicto” y el desmonte de las Farc.
El conflicto armado sólo existió en la imaginación de Santos y aquello fue utilizado habilidosamente por la izquierda para impulsar a las Farc –una banda mafiosa y terrorista- como un “partido político en armas” que hizo el tránsito hacia la legalidad.
Valga decir que aquel paso genera más dudas que certezas, pues los cabecillas de aquella organización ni serán castigados judicialmente, sus víctimas nunca recibirán reparación directa y la verdad quedará sepultada en las caletas donde está el grueso del material bélico de la guerrilla.
A partir de ahora, las Farc serán como Hezbollah: un partido político, con un brazo armado legal a su servicio y aquello se constituye, sin duda alguna, en una amenaza violenta a las reglas de juego democráticas.
A pesar de las dificultades y de las múltiples imperfecciones, la democracia colombiana ha logrado superar la vergonzosa etapa en la que los partidos políticos contaban con estructuras armadas paralelas.
Los acuerdos de Sitges y Benidorm que originaron el frente nacional, lograron ponerle fin a una confrontación armada que mucho daño le hizo a Colombia. Gracias a ese pacto entre liberales y conservadores, los militantes de uno y otro partido dejaron de matarse por el poder.
Ahora, con unas Farc legalizadas y con 1200 hombres fuertemente armados a su servicio, vuelve a cernirse sobre Colombia la amenaza del uso de la violencia como herramienta de acción política.
Las Farc lograron su cometido: pasaron del monte a las ciudades. Dejaron de padecer los rigores de la manigua a los que fueron condenados por cuenta de la aplicación de la seguridad democrática a disfrutar de la impunidad por la gracia de Juan Manuel Santos, quien firmó un acuerdo desproporcionado y evidentemente claudicante.
Esa banda no solo no se acabó, sino que ha quedado en el mejor de los mundos. Sus cabecillas blindados de la acción de la justica; su fortuna, fruto del tráfico de estupefaciente, legalizada. Además, tendrán un partido político y prebendas exageradas como una treintena de emisoras en todo el país y, por supuesto, un puñado de curules gratuitas.
Afuera, además de los 1200 hombres armados que les fueron legalizados a través de la unidad nacional de protección, tienen otra “retaguardia” armada: el Eln, guerrilla que sospechosamente ha empezado a hacer presencia criminal en aquellas regiones donde los frentes de las Farc históricamente habían delinquido.
A lo anterior, debe sumarse un elemento al que el gobierno le ha restado cualquier importancia: la existencia de cientos de caletas llenas de material bélico.
Sobre ellas, nadie responderá, pues una vez la ONU, tan ingenua y crédula en todo lo que tiene que ver con las Farc, certifique que la guerrilla entregó el supuesto 100% de sus armas, en adelante nadie responderá por las caletas no reportadas a ese organismo multilateral.
Hasta no hace mucho, el pueblo colombiano padeció el poder intimidatorio y terrorista de las Farc, ejercido este desde la clandestinidad. Ahora, con el Estado en sus manos, como nuevos amos y señores de la justicia, llegó la hora de padecer a las Farc al mando del Estado.
Aquel que se atreva a elevar un cuestionamiento que incomode a los cabecillas de esa banda, corre el riesgo de terminar sentado en uno de los banquillos de la JEP, acusado de “amenazar la paz estable y duradera”.
Aquel será el legado de Santos para Colombia. Recibió en 2010 un país perfectamente encaminado hacia el progreso y la consolidación democrática. 8 años después, entregará a la nación perfectamente polarizada, la economía hecha trizas, la confianza inversionista por el suelo y, como si aquello no fuera suficiente, a unas Farc en tránsito hacia el dominio político del Estado.
Publicado: junio 27 de 2017