El primer tiempo ya está transcurriendo. Dice «El Colombiano» de hoy en su página 4 que está «lista la máquina del Acuerdo de paz, pero falta ponerla a andar», a propósito de los 34 decretos que expidió Santos para implementar lo pactado con las Farc.
Las Farc han negociado la lucha armada a cambio de unas muy significativas ventajas tácticas que las ubican en el umbral del ansiado poder por el que han batallado a lo largo de más de medio siglo.
Esas ventajas son innumerables. Gozarán de justicia y organismos de investigación propios; cuando constituyan su partido político, tendrán prebendas exorbitantes; el régimen electoral se acomodará a sus intereses; a través de la CSIVI controlarán toda la producción normativa atinente al desarrollo del Acuerdo Final; la suerte del sector rural, con todo lo que ello implica, quedará en sus manos; el erario público cargará con la responsabilidad de proteger a sus miembros y asegurar su manutención, etc.
Llamo la atención sobre dos asuntos que no han sido objeto de análisis pormenorizado en el seno de la opinión pública: el impacto económico del Acuerdo Final y la concepción de la democracia que el mismo postula.
Escribe Santiago Leyva Botero, también en «El Colombiano», sobre los aspectos organizacionales y de gestión asociados a la puesta en marcha de los propósitos fijados en los acuerdos:
«Sobre estos asuntos de la implementación, realmente habría mucho por decir. Los acuerdos de La Habana, según cálculos propios, involucran alrededor de 23 macroplanes, desagregados en una infinidad de pequeños y grandes proyectos; 25 nuevas organizaciones o instancias; y la reforma a muchas otras (al menos otras 20), como el Consejo Nacional Electoral, el sistema de Catastro, etc. Además, se plantea la creación de múltiples instancias de consulta y participación. Todo esto crea una compleja matriz de actores y proyectos. Además, hoy existen múltiples coordinadores como la Vicepresidencia de Naranjo, la Consejería Presidencial para el Posconflicto de Pardo, el Comisionado de Paz (Jaramillo) y una comisión que el mismo acuerdo planteó (la CSIVI). Todos estos mecanismos son débiles en términos de equipos de trabajo y no tienen presencia significativa en territorio. En resumen, tanta complejidad, en el marco de una coordinación fragmentada y sin capacidades territoriales, es definitivamente un asunto problemático. La discusión debe comenzar».
Estos aspectos traerán consigo enormes cargas presupuestales que una economía en estado crítico como la actual difícilmente podrá soportar. Algunos cálculos a mano alzada fijan en ocho billones de pesos anuales, a lo largo de 10 años, el costo de los programas para el sector rural. Pero en «La Hora de la Verdad» se dijo esta mañana que el solo programa de vías terciarias que asumirá la Nación podría valer la friolera de cincuenta billones de pesos.
El desmadre del gasto público ya es de por sí alarmante por sus consecuencias económicas. Muchos temen que podría desatar una inflación incontrolable, como la de Venezuela.
El nuevo ordenamiento que se pretende implantar en el sector rural va encaminado a modificar radicalmente el régimen socio-económico actualmente en vigencia. Ello implica, necesariamente y a pesar de las proclamas que se hacen sobre el estricto respeto a la propiedad privada y los derechos adquiridos, la transformación de su régimen jurídico.
Aceptemos, en gracia de discusión, las múltiples falencias que afectan al sector rural en nuestro país. Pero las ventajas de las novedades que se proyectan están por verse y no nos garantizan un agro más productivo ni más ventajoso para el campesinado. Ignoramos los efectos que tendrá tanto asistencialismo, al tiempo que observamos en su formulación el «miserabilismo» que hace años criticaba, con buenas razones, Álvaro Gómez Hurtado.
Algo que sí podemos aseverar es lo concerniente a sus consecuencias políticas. Los macroplanes, proyectos, organizaciones o instancias,etc. de que habla Leyva en su artículo implicarán creación de entidades, dotación de personal y elementos para su funcionamiento, erogaciones presupuestales de toda índole, etc. Y sobre esos rubros del presupuesto tienen puestos sus ojos los políticos de la coalición gubernamental y también los zorros de las Farc, tal como lo puso de presentó hace poco el coronel Villamarín en un artículo que amerita leerse con cuidado.
Dice el coronel Villamarín que cabe inferir que en la reciente reunión de las Farc y el Eln se tocaron, entre otros temas, los «cursos de acción frente a la actitud avarienta de muchos congresistas que en el fast-track han aprobado todo lo que les ponen por delante en torno al pacto Farc-Santos, porque están ansiosos de hincar el diente a los presupuestos que de allí se derivan y con ellos financiar parte de las próximas elecciones parlamentarias».
Es bien sabido que el control del presupuesto otorga poder político. Las Farc son conscientes de ello y caerán a como dé lugar sobre los fondos públicos destinados a cubrir los gastos que demandará la puesta en marcha de su empresa revolucionaria.
Para este efecto, en el Acuerdo Final se proyecta una reforma política que ofrece muchas aristas. Unas de ellas tocan con el «Sistema Integral para el Ejercicio de la Política» que se considera en sus páginas 38 y siguientes. Sugiero que se lea lo que al respecto se estipula en en el numeral 2.2 sobre «Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa, en los diferentes niveles y diversos temas» (p. 42 y ss.).
El documento va más allá de lo relacionado con partidos y movimientos políticos, que en nuestra Constitución Política se considera que son los actores fundamentales del sistema democrático, para explayarse en las garantías que deberán establecerse en favor de los «movimientos y organizaciones sociales», que serán el instrumento predilecto de las Farc para ejercer presión sobre las autoridades y debilitar a los gobiernos.
Leyendo lo que sobre el particular se estipula en el Acuerdo Final, vino a mi memoria el comentario que según el profesor Joseph-Barthélemy hizo Taine acerca de la primera Constitución que se expidió durante la Revolución Francesa:»La organización de la anarquía».(Barthélemy,»Précis de Droit Constitutionnel», Dalloz, Paris, 1936, p. 4).
La ingobernabilidad resultante de la puesta en marcha de las estipulaciones del Acuerdo Final dará lugar al segundo tiempo que no se trata en el mismo, pero está anunciado en las declaraciones de los capos de las Farc: la toma del poder.
