El caso del ex jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General, Luis Gustavo Moreno Rivera, es sin duda un duro golpe a la credibilidad y a la moral del ente investigador.
Como es de público conocimiento, el martes pasado Moreno Rivera fue detenido con fines de extradición –por solicitud de Estados Unidos– porque al parecer estaba sobornando a un ex gobernador del departamento de Córdoba que precisamente está siendo investigado en la dependencia de la Fiscalía que él dirigía.
El episodio es de la mayor gravedad.
Por un lado, los medios de comunicación revelaron que Moreno superó la prueba del polígrafo. Surge entonces una pregunta elemental: ¿para qué sirve el polémico test?
Ya en el pasado, el destacado penalista y gran amigo Jesús Albeiro Yepes le ganó una demanda al Estado porque en 2004 se negó a pasar por el tamiz del también llamado detector de mentiras y fue botado de la Fiscalía donde se desempeñaba como fiscal antimafia.
Pero se rehusó no porque tuviera temor a quedar en evidencia, sino porque “dicha prueba era el procedimiento más lacerante e ignominioso contra el ser humano, y si uno no era capaz de defender su dignidad, tampoco iba a poder garantizar un debido proceso” (El Espectador, edición del 26 de enero de 2012).
Por otro lado, el tema Moreno Rivera deja en evidencia una vez más la caída profesional de un gran abogado que se dejó tentar.
Sin embargo, no olvidemos que la mala imagen de la fiscalía empezó a crecer en la administración pasada –léase la de Eduardo Montealegre y Jorge Fernando Perdomo-.
El país aún recuerda con perplejidad y hasta con rabia los millonarios contratos –con cargo al erario– que Montealegre y Perdomo les dieron a personas que no tenían la más mínima idea de política criminal.
Es más, Moreno Rivera, que es abogado –hasta ahora eso nadie lo ha puesto en duda–, también fue beneficiado con la feria de contratos de Montealegre y Perdomo.
Corrupción también es abusar de los cargos públicos. Corrupción también es hacer montajes y meter inocentes a la cárcel –o si no pregúntenle al ex diputado de Valle del Cauca Sigifredo López-.
Corrupción también es utilizar testigos falsos para tratar de mantener en firme procesos judiciales cuya credibilidad ya está por el piso.
Para muestra un botón: el expediente por la muerte del joven universitario Luis Andrés Colmenares. Amén de que cualquier ciudadano está en todo su derecho de opinar si Colmenares murió por accidente o fue asesinado, no es ni fue de buen recibo para la sociedad que la Fiscalía anterior hubiera acudido a testigos mentirosos para no dar el brazo a torcer y mantener sus tesis de que se trató de un asesinato.
La justicia anda mal.
A las encuestas, a las que así haya gente que diga que no valen la pena, hay que ponerles cuidado. Todos los sondeos dejan muy mal parada a la administración de justicia del país. Y razón no le falta a la gente del común para calificarla mal.
¿Qué credibilidad puede tener una justicia que al parecer quiere favorecer a dos ex ministras de Estado por el caso Odebrecht?
¿Qué credibilidad puede tener una justicia que se acomoda al gobierno para dejar libres a los peores criminales de la historia de Colombia?
Ciertamente hubo un proceso de paz entre el Ejecutivo y las Farc, pero, ¿tiene presentación que las altas cortes colombianas ni siquiera chistaron cuando les quitaron las atribuciones y la competencia que les había dado la Constitución del 91?
Que el ex fiscal Moreno Rivera pague por los delitos que supuestamente cometió, si se prueba claro está que es culpable. Pero que tampoco nos lo vayan a poner ahora como el ejemplo vivo de todos los males del país y de la corrupción y la ineficacia de su aparato judicial.
Solo basta mirar la investigación por el aleve atentado terrorista en el Centro Comercial Andino de Bogotá.
Las autoridades capturaron a casi una decena de muchachos como presuntos responsables del hecho. Casi una semana después de las detenciones, la sociedad colombiana sigue en las mismas: no tiene la menor idea si en verdad son culpables.
Un hecho tan grave como el del Andino debe hacerse de cara al país. No se puede ir por el mundo capturando gente sin pruebas sólidas (como aparentemente está sucediendo en este episodio).
En el evento de que los aprehendidos por el atentado en el Andino sean declarados inocentes, sus vidas ya no serán las mismas. Nadie les dará trabajo. Nadie se querrá juntar con ellos. Siempre les dirán: “Ah, usted fue el que estuvo en la cárcel por la bomba en el Andino”.
Publicado: junio 30 de 2017