Informe de David Meza Pretelt.
En Colombia se vive una incertidumbre y descontento generalizado como consecuencia de las políticas del Gobierno de Juan Manuel Santos. Entre las poblaciones más golpeadas se encuentran las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, que tras el gran incremento en el costo de vida y transcurrido ya medio año, no han recibido el aumento salarial anual, las bonificaciones, ni una atención médica digna.
Al igual que los maestros, los empleados del Ejecutivo, la gente de Buenaventura, los taxistas y muchos otros grupos que se han visto obligados a recurrir a legítimas protestas sociales para hacer respetar sus derechos, al interior de las fuerzas del orden empiezan a sonar voces de descontento y las asociaciones de familiares de los miembros de la fuerza así como las de pensionados, han empezado a convocar marchas y plantones.
Esto como consecuencia de la negligencia de un gobierno que hace oídos sordos y se encuentra enfocado en atender las solicitudes del grupo narcoterrorista FARC y el voraz apetito monetario de los políticos de la unidad nacional, que han corrompido todas las esferas del Estado.
La Fuerza Pública se encuentra amordazada. La constitución determina que por tener funciones de defensa de la soberanía y el orden del Estado, deben mantener una absoluta imparcialidad, requisito que se vería comprometido si se asociaran en figuras sindicales o similares.
Ese contexto legal hace que el gran malestar que hay al interior de las filas no salga a la luz pública fácilmente.
A esto se le suman agravantes como el actual plan pistola que de forma macabra viene implementando el Clan del Golfo, con cerca de 50 víctimas en 35 ataques hasta el momento y que Santos y el inexperto y poco respaldado entre las Fuerzas Militares (FFMM) Luis Carlos Villegas no han podido controlar, revelando un presunto desinterés por el bienestar de los policías y militares.
Política salarial, otro atropello santista
En un país con altas tasas de criminalidad, donde la situación de orden público es altamente compleja y peligrosa para los agentes del orden, la actual política salarial es un atropello. No se trata solamente de los bajos salarios sino además la negligencia del Gobierno para cumplir el mandato constitucional que implica hacer el aumento anual a los miembros de la fuerza.
Ya han corrido seis meses del presente año y aún no se expide el decreto que autorice el merecido aumento para los miembros de la policía y las FFMM, mientras que el costo de vida tuvo un incremento cercano a los 0,55 puntos porcentuales, lo que hace que con los mismos salarios que se establecieron a principios de 2016, los miembros de la fuerza y sus familias deban hacer un esfuerzo sobrehumano estirando unos pocos pesos para llegar a final de mes.
A principio de año Juan Manuel Santos manifestó a través de un comunicado que no se decretaría el aumento salarial anual hasta que el Dane emitiera la cifra oficial de inflación, que quedó en 4,69% y fue emitida en marzo, a pesar de eso los aumentos de los empleados públicos entre los que se encuentran los miembros de las Fuerzas Armadas (FFAA), quedaron en veremos.
El atropello del gobierno Santos es tal, que un Sargento Mayor con más de 20 años de experiencia en su haber recibe un salario de $1’700.000, mientras que los miembros desmovilizados del grupos narcoterrorista FARC fueron contratados por la unidad nacional de protección con sueldos que ascienden al $1’800.000 y teniendo como único requisito haber asesinado, violado y traficado drogas entre otros de los múltiples crímenes que hacen parte del prontuario criminal de un guerrillero promedio.
Esto sin dejar de traer a colación el paupérrimo pago que se hace a los miembros de las fuerzas armadas de más bajo rango, como soldados y patrulleros que ganan entre $800 mil y un millón de pesos.
Las fuerzas del orden en Colombia se han caracterizado por su tradición civilista y de respeto a las ramas del poder, pero nunca en la historia se había visto un gobierno que los maltratara tanto en materia salarial como a nivel de su dignidad, llegando al extremo de equipararlos con el grupo narcoterrorista FARC e incluso poner grandes contingentes militares y de policía al servicio y cuidado de quienes por décadas estuvieron asesinando y perjudicando a los miembros de las fuerzas armadas.
Publicado: junio 7 de 2017