La semana pasada el Gobierno Nacional expidió diecisiete (17) decretos con fuerza de ley, para desarrollar las facultades que le otorgó el Congreso de la República en el célebre Acto Legislativo 1º de 2016, que prolonga en la normativa los llamados acuerdos de paz.
Dentro de este raudal normativo, se expidió el decreto 894 del 28 de mayo pasado, que se refiere al ajuste sobre el empleo público, para dar cabida en trabajo local a los desmovilizados y personas que puedan requerirse en diferentes municipios priorizados, dentro del señalado proceso del posconflicto.
Según la norma, el ajuste promueve el fortalecimiento institucional y la participación de los gobernadores y alcaldes, así como la autonomía territorial al delegarles la función de la Comisión Nacional del Servicio Civil, de llevar a cabo los procesos de selección para el ingreso al empleo público a nivel territorial, con el argumento de la agilidad y el impulso al fortalecimiento de capacidades institucionales locales.
De acuerdo con el artículo 125 de la Constitución Política que establece que el ingreso al empleo público se hace a través de concursos, este decreto tiene el propósito de flexibilizar los requisitos y minimizar los tiempos para proveer los nuevos cargos.
La solución jamás será aumentar el tamaño del Estado. Los colombianos se sienten agobiados con los altos impuestos que se pagan al erario y no aceptan ni avalan, que estos nuevos empleos se financien con sus recursos a través de nuevos cobros del Estado.
De acuerdo con datos del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, la nómina del Estado, está integrada por aproximadamente 1.170.000 empleados públicos, y de ellos aproximadamente 502.000 son del orden territorial, es decir dependen de Departamentos, Distritos y municipios. Dicha nómina, tiene un costo anual estimado del 25% del Presupuesto Nacional.
Así las cosas, es una utopía financiera y presupuestal que establezcan estas opciones diferenciales de remuneración y una nueva planta estatal, cuando en los municipios no se cuenta con el presupuesto para atender estas nuevas estructuras.
Así mismo, este incremento del empleo público, lleva consigo un sistema diferencial y específico de nomenclatura, requisitos, competencias, salarios y prestaciones para estos nuevos empleos.
Todo lo anterior, en la exhibida concepción de que se requiere desarrollar otros programas y proyectos para el fortalecimiento institucional, creando un sistema específico que cambia requisitos sobre el resto de la estructura del sector público. Además de que se vincularán personas que obviamente no cuentan con la preparación adecuada.
Si bien, la reincorporación de los 7.000 integrantes de las Farc, a la vida civil, implica el desarrollo de proyectos diferenciados o específicos ¿Será a través de incrementar la burocracia del Estado la mejor manera, máxime cuando se expone a las autoridades locales a desarrollar los procesos de concurso, sin recursos, a seleccionar personas que aún no han dejado las armas y que no tienen un oficio definido por vocación?
¿Qué tanto van a estar estas personas desvinculadas, realmente decididas a vivir de este sueldo, respecto de lo que recibían por sus actividades al margen de la ley?
¿Qué piensan las personas que llevan años y décadas viviendo con un salario mínimo, sobre este ajuste al empleo público con privilegios especiales respecto de requisitos, competencias, salarios y prestaciones sociales?. En otras palabras, ¿cuál será su impacto en la motivación, respecto del ejercicio de sus funciones públicas?
¿Por qué los que pagamos impuestos debemos ser los que financiamos a quienes destruyeron a tantas comunidades y al país durante tantos años?
Ojalá el anuncio, del día de ayer del Fiscal General, sobre los billones de pesos que han encontrado ya a las Farc, lleve a que se pongan sobre la mesa y de cara a los colombianos, los montos de su fortuna.
Así mismo, que estos billones, sean monetizados pronto y de manera correcta, para financiar los nuevos proyectos que se piensan emprender para dar oficio a los excombatientes. Pero no, poniendo en riesgo la situación fiscal, ni a las instituciones ni al país, al pretender aumentar el tamaño y la burocracia del Estado colombiano.
Publicado: junio 5 de 2017