Juan Manuel Santos suscribió un decreto que garantiza que las Farc puedan disfrutar plenamente de todos sus bienes y fortuna.
La legalización del lavado de activos
El gobierno acaba de expedir un decreto (903 de 2017), en el que “se dictan disposiciones sobre la realización de un inventario de los bienes y activos a disposición de las FARC EP».
El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, lo calificó como una posible “operación de lavado de activos por el manejo que se le daría a los bienes de las FARC”. Inmediatamente, el Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, reconoció que “eso es una chambonada”. Jaramillo trató de dorar la píldora y bajarle candela a su declaración: “pero, por otro lado, hay suficientes salvaguardas para asegurar que eso (lavado de activos) no va a pasar”.
Lo que nadie ha dicho, es lo que un alto funcionario gubernamental le reconoció a LOS IRREVERENTES: que ese decreto, como todos los otros que “en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 2 del Acto Legislativo 01 de 2016” ha firmado Juan Manuel Santos, no son redactados por él. Se redactan a dos manos: por la secretaría jurídica de Palacio y los abogados de las FARC; y no necesariamente en ese orden…
Genialidad de las Farc
El decreto no es realmente una “chambonada”. Al contrario, es una “genialidad” de las FARC y otra claudicación de Santos. Lo que se firmó y lo que se está poniendo en marcha, es el punto 3.2.2. del Acuerdo Final, citado expresamente en el articulado, pero no transcrito.
En el Acuerdo Final se estableció que las FARC constituirían “una organización de economía social y solidaria, (ECOMÚN)” y que el Gobierno Nacional le facilitará todo el funcionamiento y establecería “los lineamientos para garantizar la articulación del trabajo de ECOMÚN con las diferentes entidades competentes”.
El decreto escrito por las FARC informa que la organización terrorista “elaborará un inventario definitivo de sus bienes y activos” que se entregará a la “Misión de las Naciones Unidas y al Mecanismo de Monitoreo y Verificación, quienes deberán hacerlo llegar al Gobierno nacional para que éste lo incorpore al patrimonio autónomo al que se refiere el artículo 3 de este decreto”. Es decir, las FARC entregan el inventario a las FARC (Mecanismo de Monitoreo), a la ONU y –por intermedio del monitoreo-, también al gobierno.
A disfrutar de sus bienes
Al redactar el decreto, las FARC tuvieron el buen cuidado de hacer que su disfrute de los multimillonarios bienes sea pacífico y tranquilo: “respecto de la tenencia, uso y usufructo colectivo o individual de los bienes, enseres y valores comprendidos en el inventario objeto de este decreto que sean transferidos al patrimonio autónomo, que se considera han sido bienes colectivos de los integrantes de las FARC-EP no cabe acción penal alguna de la jurisdicción ordinaria”.
Luego las FARC proceden a crear “un patrimonio autónomo del Departamento Administrativo de la Presidencia que servirá de receptor de todos los bienes y recursos patrimoniales monetizados y no monetizados inventariados”. Es decir, las FARC impusieron el cumplimiento literal del acuerdo final, para que sus bienes queden por fuera de las normas de extinción de dominio y de la persecución penal.
Motivo de alarma del fiscal general
Eso es lo que escandalizó al Fiscal General. Que los bienes de las FARC, producto del narcotráfico, la extorsión y el robo, van a ser administrados por un fondo fiduciario cuyos criterios “para monetizar los bienes y acciones que reciba” serán dictados por las FARC y gobierno nacional.
Escandaloso, en verdad. La oposición reunida alrededor del NO había denunciado el carácter inconstitucional e inmoral del acuerdo. La sorpresa del Fiscal General demuestra que dudaba que Juan Manuel Santos y sus ministros serían capaces de llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Cuando Sergio Jaramillo describe como “chambonada” el decreto ley, lo que está recomendando es que a las FARC se les conceda todo, pero con hipocresía, y no con el desparpajo y desfachatez con los que la propia organización terrorista está redactando los decretos.
Publicado: junio 8 de 2017