Si corresponde a la JEP juzgar los crímenes que han significado ingresos, es probable que ese dinero termine en pensiones.
Esta semana incautaron diez mil dólares a miembros de las Farc, integrantes de una orquesta que se desplazaban hacia las fiestas de San Pedro en Neiva, a donde han sido invitados a participar, según el alcalde, por el sector privado.
Para comenzar vale la pena resaltar que gastarse treinta millones de pesos en viáticos, en un fin de semana largo en Neiva, no es precisamente coherente con los supuestos ideales de una guerrilla socialista. Menos aún en Colombia, donde el diez por ciento de la población que ellos dijeron defender con las armas, vive todavía con menos de ciento cuarenta mil pesos al mes, es decir, en condiciones de pobreza extrema, y una tercera parte vive con menos de doscientos cuarenta y un mil pesos, es decir, por debajo de la línea de pobreza. Tampoco es comprensible ese gasto desmedido considerando que en estos días de desmovilización las Farc está bajo el foco de la opinión pública.
Pero lo de los viáticos no es solo una incoherencia. Es una prueba de que los “gastos de la guerra” no consumieron la totalidad de “los recursos de la guerra”. Recursos de la guerra es el eufemismo que los miembros de las Farc han escogido para referirse a toda esa plata producida en los cincuenta y dos años de narcotráfico, extorsiones y secuestros. A manera de confirmación de que lo que se incautó fue dinero ilegal, podemos decir que al menos que causa una mala impresión que los viáticos no se encontraran en moneda colombiana. ¿O acaso cuales son los negocios de exportación lícita que tienen las Farc, para justificar que su dinero de bolsillo pueda contarse en billetes de cien dólares? Hay que tener poca vergüenza sobre la procedencia de ese dinero, y hay que sentirse muy seguro de que el gobierno no les persigue para no tomarse siquiera el trabajo de cambiar los dólares a pesos.
Además, la incautación es también la confirmación de que se nos ha mentido. El diecisiete de diciembre del 2015 Iván Márquez aseguró que las Farc no tenían dinero. Si eso fuera cierto habría que preguntarle al gobierno cual es la finalidad del Decreto 903, según el cual los bienes y activos de las FARC tienen que pasar al fondo destinado a la reparación de las víctimas. Lo menos que podríamos esperar es que esos diez mil dólares vayan a parar a ese fondo.
Y es algo más, es una advertencia. Si las Farc puede procurar treinta millones de pesos para que una orquesta suya se los gaste en una fiesta de tres días, valdría la pena preguntarse dos cosas: Primero, ¿cuánto dinero ilegal guardan debajo del colchón?, y más importante, ¿cómo será cuando estén haciendo política? Si a Ernesto Samper se le crucificó públicamente porque dineros del narcotráfico entraron a su campaña presidencial -en pesos- el trato con las Farc si llegasen a utilizarse esos recursos de la guerra en las campañas, no podría ser menos severo.
Con la supuesta entrega de las armas -solo vimos media docena- las Farc debieron haber hecho la entrega total de su dinero. Pero a la luz del acuerdo suscrito entre ellos y el gobierno, no tendrían por qué haberlo hecho. Si corresponde a la Jurisdicción Especial para la Paz juzgar los crímenes que les han significado ingresos, y se despoja a la fiscalía de su deber de perseguir los bienes que los miembros de las Farc oculten, precisamente al fondo para reparar a las víctimas, lo más probable es que ese dinero termine convertido en el fondo de pensiones de los guerrilleros y en el cimiento de su base política.
Publicado: junio 24 de 2017