El sindicato cuestiona al rector de la Autónoma y exige respuestas frente al manejo del dinero. El rector se defiende.
Con la caída en desgracia de la condenada Silvia Gette, quien fungía como rectora de la universidad Autónoma del Caribe, salieron a flote una serie de irregularidades en la administración de ese icónico centro académico.
Era evidente que la señora Gette había convertido a la Autónoma en un fortín propio, haciendo uso de sus bienes a su antojo, sin que nadie pudiera controlarla.
En mayo de 2013, la sala general de la universidad, designó a Ramsés Vargas Lamadrid como nuevo rector del claustro fundado en 1967 por un grupo de destacados barranquilleros entre los que se encontraban Mario Ceballos –esposo de Silvia Gette-, Benjamín Sarta, Osvaldo Consuegra y Julio Salgado.
El padre del actual rector, Eduardo Vargas ha hecho parte de la universidad desde el mismo momento de su fundación.
La llegada de Ramsés Vargas fue recibida con tranquilidad por quienes vieron nacer y crecer a la universidad que prepara a 12 mil alumnos en pregrado y postgrado, en sus 3 sedes: Barranquilla, Ocaña y Miami.
En días pasados, cuando culminaba el periodo académico trascendieron unas denuncias sobre malos manejos administrativos por parte de Vargas Lamadrid. En concreto, se le cuestiona por no haber hecho una rendición pública de cuentas desde que asumió la rectoría. Y no se trata de un asunto menor, pues en criterio del sindicato, la universidad maneja un presupuesto de $250 mil millones de pesos. En respuesta a ello, el rector se defiende argumentando que para efectos de mejorar la “calidad institucional, la universidad Autónoma ha adelantado acciones en cuatro frentes. Se desarrolló un proceso de revisión y actualización del proyecto educativo institucional; se realizó una alta inversión económica en la cualificación de la contratación docente; se emprendió el proceso de acreditación de sus programas, de los cuales ya ha obtenido 6 acreditaciones y, finalmente, se apostó por una internacionalización de alto nivel a través de la formación en idiomas”.
En diálogo con LOS IRREVERENTES, el rector Vargas le restó importancia a la denuncia, al decir que “las organizaciones sindicales en la universidad Autónoma del Caribe abusan de la garantía constitucional del derecho de asociación al constituirse por un mismo grupo de afiliados quienes a manera de carrusel se reparten entre ellos mismos los puestos de las juntas directivas con el fin de estar todos amparados con la garantía del fuero sindical”.
Sobre ese abuso denunciado por Vargas, este portal pudo establecer que a principios de junio, el juzgado 8 laboral de Barranquilla emitió un fallo a favor de la universidad. En dicho auto, el juez concluyó que “con las pruebas documentales y testimoniales practicadas se logró establecer que el sindicato fue creado con el único propósito de extender el fuero sindical y sin avizorar ninguna clase de actividad propia de la asociación sindical”.
Igualmente, Vargas aseguró que le ha pedido a la ministra de Educación, Yaneth Giha que adelante una visita al claustro universitario para que sea ella la que haga la inspección y revise todos los asuntos de la Autónoma.
Pero a Ramsés Vargas, se le cuestionan dos asuntos muy delicados: la venta de un equipo de fútbol profesional que tenía la universidad y la enajenación de un lote de 196 mil metros cuadrados que fue adquirido en cumplimiento del plan de expansión de la universidad.
Ese predio, ubicado en la ruta al mar, en cercanía a la clínica Portoazul, fue vendido en diciembre de 2014 por la suma de $4 mil millones de pesos.
En criterio de los denunciantes, aquella transacción se realizó a un precio irrisorio, pues el metro cuadrado resultó a $20 mil pesos, en una de las mejores zonas de Barranquilla.
Al respecto, el rector Vargas le manifestó a LOS IRREVERENTES que dicha negociación se llevó a cabo “acogiendo las recomendaciones realizadas por el ministerio de Educación en cuanto a la necesidad de enajenar los bienes improductivos de la universidad. La venta se hizo soportada en los avalúos correspondientes de la época, teniendo en cuenta que que el predio no colinda con la autopista, sino con el relleno sanitario El Henequen”.
Otra de las denuncias está relacionada con el equipo de fútbol, Uniautónoma F.C, fundado en 2010 por Silvia Gette. Dicho equipo, que alcanzó a participar en torneos nacionales se convirtió en una suerte de monumento al emporio de corrupción erigido por la exrectora Gette.
En 2015, el equipo fue vendido, bajo la administración de Ramsés Vargas. Al respecto, el sindicato pregunta por cuánto se vendió y qué sucedió con los pases de los jugadores del plantel.
Vargas le explicó a este portal que “el equipo se adquirió con dineros de la universidad, pero la señora Silvia Gette Ponce y su familia figuraban como propietarios del club deportivo que antiguamente se llamaba Atlético La Sabana. La universidad pagó por las acciones del quipo de fútbol, pero la mayoría de ellas estaban a nombre de la señora Gette, un modus operandi para defraudar a la universidad, razón por la cual, en uso de las facultades legales y estatutarias, los máximos órganos de gobierno de la universidad resolvieron excluir a la señora Gette, recuperándose legalmente el quipo para el patrimonio de la universidad”.
Respecto de la venta de dicho equipo, la explicación brindada es que la ley prohíbe que instituciones de educación superior apliquen sus rentas a objetos distintos a los definidos por las funciones misionales. “Por ello fue imperativo vender el equipo, cuyo valor está sometido a un acuerdo de confidencialidad”, expresó el rector Vargas.
Lo cierto es que una vez más, la universidad Autónoma del Caribe vuelve a estar en el ojo del huracán. Los cuestionamientos que se han hecho al manejo de los dineros de la universidad eclipsan los avances académicos de ese plantel que se ha convertido en una de las más influyentes universidades del caribe colombiano.
Publicado: junio 30 de 2017