La Justicia Especial para la Paz, es bien especial efectivamente. Acomoda, según quién sea juzgado, su aplicación o no.
Comienzo esta columna diciéndoles que estoy segura de la inocencia de Diego Palacios y de otros miembros del gobierno de Álvaro Uribe condenados injustamente por el delito de cohecho. Es decir, están detenidos porque según la Corte Suprema de Justicia ofrecieron puestos a congresistas, a cambio de que votaran positivamente la reelección.
Sentí una decepción inmensa al enterarme que el autor de la bomba en el Club El Nogal, está libre mientras el mismo día, el mismo juez, se daba el gusto de negársela al exministro de protección social del gobierno del expresidente.
Los motivos para no dejar en libertad condicional a Diego Palacios, tienen que ver con la discusión que existe en el país, sobre si el cohecho es un delito que pertenece al conflicto armado o no. Ahora apareció en último momento que Diego Palacios no había cumplido el tiempo necesario para darle la libertad y que además tenía error de trámite. Qué suerte las de la Farc en donde todos los terroristas, extrañamente cumplen con todas las condiciones.
La Justicia Especial para la Paz, es bien especial efectivamente. Acomoda, según quién sea juzgado, su aplicación o no. Decir que el cohecho, delito cometido, según la Corte Suprema de Justicia por Diego Palacios, Alberto Velásquez, Sabas Pretelt, no pertenece al conflicto armado es negar una realidad por el solo hecho de ser Uribistas. Clara persecución a quienes fuimos parte de ese gobierno.
Si en Colombia la ley se aplicará con el mismo rasero a todos, y no según la ideología, o el grupo político al que se pertenece, ¿cuántos miembros del gobierno de Juan Manuel Santos estarían presos? Solo por mencionar un caso, el de las votaciones necesarias en el Congreso, para aprobar el fast- track. La repartida de puestos que dicen que hubo, como que es de no creer. La feria del derroche en contratos innecesarios para el país, pero necesarios para lograr la aprobación de muchos temas de interés de este gobierno. Me pregunto, ¿en este caso el cohecho tiene relación con el equivocadamente llamado conflicto o no?
¿Nos van a echar el cuento, que las violaciones a la Constitución de este gobierno de Juan Manuel Santos, fueron a cambio de nada? Decir eso, es no reconocer la politiquería en que nos tienen sumidos. A otro perro con ese hueso.
Supongamos que por estos hechos, funcionarios de este gobierno, hubieran sido juzgados y encarcelados. ¿Ustedes creen que el cohecho en este caso no hubiera sido delito político, conectado al tal conflicto o mejor dicho, a la amenaza narco terrorista diaria a la democracia de Colombia?
Pienso yo, y puedo estar errada, que los delitos son políticos o no según el motivo que se tenga para efectuarlo. Si tratar de mantener a Álvaro Uribe en la Presidencia, incluyendo un artículo en la Constitución que permitiera la reelección en Colombia, no tiene que ver con el mal denominado conflicto armado, entonces ¿qué tiene que ver con él? La principal razón por la cual Colombia quería la reelección era para continuar con la seguridad democrática, que permitía seguir combatiendo a los narco terroristas de las Farc, ELN y otros grupos fuera de la ley, a menos que hubiera un acuerdo de paz.
Una Colombia sin guerrilla y paramilitares fue una de las más importantes consignas del gobierno pasado. Mano firme para tener la autoridad de hacer cumplir la ley y tener claro los inamovibles de siempre, en caso de una negociacion. No impunidad, cárcel para cabecillas, cese al fuego, devolución de niños reclutados, entrega de armas, no al narcotráfico como delito conexo, una justicia transiciónal para disminuir notablemente sanciones a quienes cometieron delitos de lesa humanidad y corazón grande para permitir procesos de reinserción a guerrilleros o paramilitares rasos a la sociedad. Yo me pregunto ¿si esta motivación para reelegir a Álvaro Uribe, como efectivamente sucedió, no tiene que ver con el mal llamado conflicto interno armado?
Pues, la justicia en Colombia, no sólo condenó a mis compañeros del gobierno de Álvaro Uribe, sin pruebas, con testigos falsos, sin debido proceso, sin segunda instancia y declarándolos una amenaza para la sociedad, sino que hoy les niega la posibilidad de una libertad condicional, con el cuento que los delitos que acomodaron injustamente para condenarlos y perseguirlos, no son delitos políticos y por lo tanto deben permanecer presos. Es como dicen popularmente, y cada día más personas, que está es una justicia especial para las Farc y para quienes piensen como ellos.
Un país jamás será viable, mientras la institución de la justicia, se utilice como arma de persecución política a quienes tienen más votos que el gobierno de turno, e ideológicamente están en otra orilla.
Diego Palacios, Alberto Velásquez y Sabas Pretelt tuvieron el coraje, de someterse a esa justicia especial para la paz, con la esperanza que esta justicia especial, hiciera recapacitar a nuestros jueces, sobre su real significado. Parece que se equivocaron. La justicia en Colombia, que debería llamarse la injusticia, sigue persiguiendo a inocentes y dándole todos los beneficios a quienes han cometido delitos de lesa humanidad.
La historia se tendrá que encargar de contar sobre está época oscura de la historia de Colombia.
P.D. A mis compañeros les digo, sigamos en la lucha, rendirse jamás. La vida da vueltas, las cosas se tendrán que poner en su lugar. Seguimos con ustedes.
Publicado: mayo 17 de 2017