El anuncio del dictador Maduro de retirar a Venezuela de la Organización de Estados Americanos es otro paso contra la legalidad, en este caso, hemisférica.
Decirle a la gente que lo hace para evitar la intervención de otras naciones en los asuntos internos de su país, no es más que populismo barato e irresponsable, además de destructivo.
La aplicación de la Carta Democrática Interamericana está lejos de ser una participación indebida en temas que le competan solamente a Venezuela.
Se trata de la puesta en marcha de mecanismos que fueron aprobados gracias al consenso de todos los países miembros de la OEA, entre ellos, la hermana República.
Lo que se hizo, cuando se aprobó dicho instrumento, fue acordar la ruta que debe seguirse frente a la ruptura del orden constitucional de alguno de los Estados miembros de la organización.
En el caso de nuestro vecino, la destrucción de la institucionalidad democrática clama al cielo.
El ejecutivo se apoderó de todo, acabó con la independencia de los poderes y no le importan las libertades.
Quienes han osado levantar su voz de protesta están en la cárcel o sufren el acoso de una persecución inclemente.
Los llamados de la comunidad internacional son descalificados como intervencionistas, a pesar de que se producen dentro del marco de convenios internacionales existentes, y en cumplimiento de los deberes que ellos consagran.
Y cuando se trata de las movilizaciones pacíficas de la oposición democrática, lo que la dictadura hace es reprimirlas acudiendo al uso ilegítimo de la fuerza.
Como si lo anterior fuera poco, los inmensos recursos provenientes de la producción y exportación del petróleo se dilapidaron.
Fueron regalados a manos llenas para comprar apoyo político y sin considerar la imposibilidad de sostener ese ritmo.
De tal manera se llevó al país a una crisis sin precedentes.
Las instituciones desaparecieron hasta el punto de que lo único que existe es la voluntad omnímoda de un Presidente cuya ilegitimidad lo debilita cada día más.
Tan delicada es la situación, que el mundo ha tenido acceso a imágenes que muestran la penuria que padecen los hermanos venezolanos.
En las calles se siente la persecución y en muchos hogares el hambre que agobia a un sinnúmero de familias.
Pese a que este panorama era previsible, y a las advertencias que se hicieron, la mayoría de los gobiernos del hemisferio actuaron de manera irresponsable.
Fueron solidarios con la dictadura cuando daba los primeros pasos, o se plegaron a sus designios en búsqueda de recursos provenientes del crudo, o miraron hacia otro lado, o terminaron secuestrados, ese es el caso de Colombia, por la participación del régimen venezolano en las conversaciones con las FARC.
Incumplieron así las obligaciones que habían contraído años atrás, en calidad de firmantes de la Carta Democrática Interamericana.
Permitieron, pues, que los delirios continentales del proyecto bautizado Socialismo Siglo XXI avanzara sobre el cuerpo cada vez más deteriorado de la democracia venezolana.
Con esa actitud, imperdonable históricamente, permitieron que las cosas llegaran hasta el peligroso extremo que ahora se registra.
Si no se actúa en la forma que debió hacerse hace tiempo la posibilidad de un final cruento sería mayor.
Es urgente impedir que se presente ese escenario.
Llegó la hora de una actuación conjunta, repito, conjunta, no simultánea o escalonada, de la ONU, la Unión Europea, la OEA y los organismos regionales y globales de derechos humanos, entre otros actores, para ponerle freno a una situación que empeora minuto a minuto.
Esto no da espera, porque lo que está en juego es la vida de los venezolanos y el futuro de una nación que tiene derecho a mejor suerte en democracia.
Publicado: mayo 1 de 2017