Que en el Cesar se realice una de las fiestas más importantes del país, como es el “Festival de la Leyenda Vallenata”, es una cosa. Pero que se pretenda en este departamento fronterizo extender ese trato “festivo” a temas tan trascendentales como el problema migratorio de venezolanos a Colombia, no tiene ninguna presentación.
Es que, literalmente, parece que para la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Valledupar, el control migratorio es “una recocha”. Y lo digo con conocimiento de causa.
A raíz del debate de control político que cité esta semana en la Comisión Segunda, con el fin de establecer si Colombia estaba preparada institucionalmente para enfrentar dicha migración, envié una serie de derechos de petición a varias gobernaciones y alcaldías del país. El objetivo era conocer las cifras oficiales de migrantes que manejan, así como sus contingencias frente a esta problemática.
Pero, cuál sería mi sorpresa cuando la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Valledupar responden lo siguiente. Según dicha Gobernación se “ha apoyado la gestión de Migración Colombia para la repatriación de ciudadanos venezolanos ilegales en el país, con transporte, reparación de Vehículo por valor de (55.990.000.00) y así ayudar a disminuir el incremento de ciudadanos venezolanos, deambulando en nuestro Departamento”.
Por su parte, la Alcaldía de Valledupar informó que “de igual manera se destinaron recursos de quince millones de pesos (15.000.000) para apoyar el cubrimiento del Festival Vallenato 2017, en temas de combustible, hospedaje y alimentación para los funcionarios que se desplazaran desde el nivel central y regional a realizar los controles respectivos en la entrada y salida de ciudadanos en calidad de extranjeros a la ciudad”.
¿En serio creen que reparando una camioneta y ‘patrocinando’ a funcionarios durante el Festival Vallenato van a atender la migración de venezolanos al país? ¡Qué falta de seriedad y compromiso! Fue por eso que tomé la decisión de instaurar las respectivas denuncias contra la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Valledupar, ante la Procuraduría y la Contraloría.
Esto demuestra la ausencia de una articulación clara de los entes territoriales con el Gobierno Nacional, para atender la crisis humanitaria que ha generado la migración de venezolanos al país. Y, así mismo, confirma que las labores que se adelantan a nivel regional se hacen por iniciativa propia y no bajo directrices claras del Ejecutivo central.
Claro, no se puede negar que departamentos como Atlántico, Boyacá y Magdalena; y ciudades como Cartagena y Cúcuta han adelantado estrategias para atender la situación. Pero reitero: son iniciativas propias y no cuentan con una guía del Gobierno Nacional.
En contraste, los departamentos de Arauca y La Guajira ni siquiera respondieron los derechos de petición para el debate, lo que demuestra que ni siquiera improvisan.
En el caso de Bogotá me llamó la atención la ausencia de respuestas por parte de la Alcaldía Mayor, pese a que existen cifras que hablan de que en la capital hay más de 400 mil venezolanos. Cifra que ni siquiera la Canciller, María Ángela Holguín, puede confirmar porque reconoce que los únicos datos que tienen son los de los siete controles fronterizos, y esta zona es “muy porosa”. De ahí que sea necesario reforzar los controles para atender la crisis humanitaria que viene en aumento, por la grave situación política que vive la nación gobernada por Nicolás Maduro.
Durante el debate hice especial énfasis en que hasta ahora Colombia se está percatando de la crisis humanitaria y migratoria. En efecto, ya es hora de que el Gobierno tome medidas concretas para atender la situación, en la medida en que estas personas que buscan refugio en nuestro país requieren de atención en salud, educación y trabajo.
Hay que reconocer que la situación de Venezuela amerita de Colombia una actitud de solidaridad con un pueblo con el que tenemos tantas cosas en común y que sufre una tiranía dictatorial opresora y mediocre. Finalmente, es un tema de calidad humana de nuestra parte. Aunque esto implica, también, una serie de contingencias de parte del Gobierno.
Por ejemplo, durante el debate, el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, anunció que se destinaron $10 mil millones de pesos para las zonas de frontera, lo que ya es un paso para atender esta situación. Sin embargo, aún falta mucho.
Por esta razón surge la necesidad de garantizar para nuestros hermanos venezolanos un trato digno, sin afectar el bienestar de los colombianos. Claro, cabe anotar que esto es un acto de solidaridad con nuestros hermanos venezolanos, pero no con la dictadura de Maduro.
Publicado: mayo 5 de 2017