Esta semana la Jurisdicción Especial para la Paz, un tribunal que todavía no existe, ha dejado en libertad a varios guerrilleros de las Farc, condenados por crímenes de lesa humanidad. Tal es el caso del asesino Herminsul Arellán Barajas, responsable del atentado contra el Club el Nogal en el que 36 personas fueron asesinadas y 167 quedaron heridas. Así mismo, un juez dejó en libertad a Onaira Yasmin Cometa Reyes, alias “Shakira”, responsable del asesinato de 9 concejales en Rivera Huila y del gobernador de ese departamento Jaime Lozada.
Esta misma semana, la misma juez que dejó en libertad al asesino del Nogal, negó al exministro de salud, Diego Palacio, su libertad condicional, argumentando que es un peligro para la sociedad y que su delito no es propio del “conflicto armado”. El exministro uribista, había solicitado que su condena, por el delito de cohecho, fuera revisada por la JEP, ante la ausencia de una segunda instancia que le garantizara su derecho al debido proceso.
Palacio acudió a la JEP por invitación de los abogados de las Farc Álvaro Leyva y Enrique Santiago, quienes le insistieron que se acogiera a la jurisdicción del nuevo tribunal para que su sentencia fuera revisada y así poder obtener los beneficios que esta justicia garantiza a los guerrilleros. En efecto, Palacio recibió por parte de Víctor Raúl Correa, Secretario de la JEP –otrora empleado del Cartel de Cali-, los formularios para solicitar su ingreso a la jurisdicción.
A pesar de que el Artículo 10 del Acto Legislativo que aprobó la JEP dice: “La Corte Suprema de Justicia será la competente para la revisión de las sentencias que haya proferido. Únicamente para quienes hubieran sido condenados teniendo en cuenta su condición de combatientes podrá solicitarse la revisión de las anteriores sentencias ante la Sección de Revisión de la JEP.”. Buscaron utilizar al exministro Palacio para darle legitimidad a dicho tribunal antes de su aprobación, aprovechándose de su humana necesidad de libertad, ilusionándolo con una segunda instancia, a pesar de que tenían claro que le sería negada.
Esta situación hace evidente un temor que manifestamos frente a la JEP y que hoy es realidad: Es un tribunal a la medida de las Farc, diseñado para absolver y garantizarle impunidad a los guerrilleros, y para perseguir a la oposición política representada en el uribismo. ¿Cómo puede un juez argumentar que Diego Palacio es un peligro para la sociedad, pero deja en libertad a un asesino que de manera premeditada voló un edificio donde había familias y niños que nada tienen que ver con el “conflicto”?.
Nada podemos esperar de un tribunal que se creó de manera ilegal y arbitraria, sin ninguna fuente de legitimidad, en contra de la voluntad del pueblo colombiano que rechazó el Acuerdo con las Farc en las urnas. Eso no es justicia transicional, es un tribunal de impunidad que exime a los responsables de crímenes de lesa humanidad de su responsabilidad penal y que buscará perseguir a quienes desde la legalidad los combatieron.
Publicado: mayo 19 de 2017