Pensar que después de la firma del acuerdo de paz, en Colombia los índices de violencia han disminuido, es una falacia. La historia nos enseña que un proceso de paz construido sobre la base de la impunidad, inevitablemente genera más violencia.
La impunidad se convierte así en la mejor apología del delito. Cuando un Estado permite y premia el delito inmediatamente estimula e induce a su repetición.
El retrovisor de los desastrosos efectos de la impunidad no es otro que El Salvador. Después de 23 años, la ley de amnistía, muy similar a la colombiana, promulgada en medio de un acuerdo de paz, fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de ese país.
Para la Corte salvadoreña, la ley de amnistía de su país “es contraria al derecho de acceso a la justicia, y al derecho a la reparación integral de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al derecho internacional humanitario”.
En Colombia, la Jurisdicción Especial para la paz es un verdadero ejemplo de impunidad. Delitos de lesa humanidad como el reclutamiento de menores, se pretenden queden impunes en el marco del proceso de paz. Muy similar a lo que sucedió en el Salvador, el gobierno pretende un intercambio de “verdad” por amnistías, pero sin sanciones verdaderas que permitan garantías de no repetición.
Si bien es cierto, que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y sus responsables pueden ser juzgados en cualquier tiempo, esperar más de una década terminará acabando con la credibilidad en la justicia.
Cuando un Estado permite cualquier forma de lucha sin que los responsables rindan cuentas a nadie, emite luz verde para generar nuevas violencias.
Solo basta mirar hacia El Salvador, hoy uno de los países más violentos del mundo, se ha convertido en la cuna de las más grandes organizaciones de delincuencia común y narcotráfico, las Maras. Sus ciudadanos tienen un bajo índice desarrollo humano, que evidencia la mala calidad de vida que atraviesan los salvadoreños a causa de un acuerdo construido bajo la base de impunidad.
Si bien es lógico que la impunidad genere nuevas violencias, ahora imagínense la impunidad acompañada de prebendas económicas y políticas. En El Salvador se demoraron unos años para elegirlos, pero sin embargo se hizo un daño a la democracia. Desde que la guerrilla está en el poder, se ha paralizado la economía y ha aumentado la desconfianza de inversión en ese país.
Ahora supongan a Colombia, donde se entregarán curules directas a las Farc, se promueve un gobierno de transición para el 2018 y que se entregarán privilegios económicos al grupo insurgente. No es necesario predecir el futuro, desde ya en Colombia han surgido nuevos grupos violentos, el gobierno dio luz verde para generar nuevas violencias y éstas se han generado
Colombia no tiene que repetir la historia de El Salvador, es posible construir un acuerdo de paz con garantías de no repetición, solo basta corregir los puntos que ponen en jaque nuestro Estado Social de Derecho, los responsables de delitos de lesa humanidad no merecen ninguna garantía ni beneficio, deben pagar por sus crímenes, el mensaje de impunidad no debe llegar a las futuras generaciones. Beneficios económicos y políticos no deben otorgarse como premio a la impunidad.
Se hace entonces necesario que en 2018 el nuevo presidente emita luz roja a la generación de nueva violencias. La construcción de una paz estable y duradera jamás podrá ser bajo el lema de impunidad.
Publicado: junio 1 de 2017